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Nada Que Perder

Las ocupaciones en los liceos son legales siempre y cuando no impidan el acceso, según la LUC, advierte catedrático de la Udelar

Ocupación del CFE. Foto: Página de Facebook de la UFC.
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Hugo Barretto, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República habló con Nada Que Perder de M24 acerca de la legalidad de las ocupaciones en los centros de estudio que se vienen realizando en secundaria por parte de los gremios estudiantiles.

El especialista explicó que actualmente las ocupaciones están reguladas por el decreto 281 que, si bien está pensado como medida gremial para los trabajadores, permite aplicarse fuera del mundo de trabajo.

“La dificultad está dada a partir de la racionalidad de ese decreto, está vinculada a darle solución al tema de las ocupaciones y en ese sentido el decreto puede llegar a ser entendido como una especie de reglamentación de una disposición de la Ley de Urgente Consideración (LUC) también referida a las medidas gremiales en el ámbito del trabajo y no de las movilizaciones de las organizaciones sociales; eso genera un marco jurídico insuficiente para explicar cuáles son las medidas que se pueden tomar ante un caso de ocupación de un centro educativo”, explicó.

La normativa vigente da competencia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), lo cual en su opinión el decreto revela cómo se piensa el mundo del trabajo.

Dicho decreto regula “la ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de esta, o de una empresa o institución privada”.

“La normativa vía decreto hace aplicable el régimen de las ocupaciones a nivel gremial de los trabajadores. ¿Cuál es ese régimen? Si nos referimos a lo que dice la LUC, debería ser un régimen en el cual, en principio y desde mi punto de vista las ocupaciones estarían permitidas siempre y cuando las personas que ocupen no impidan el acceso de los trabajadores, que en este caso podría decirse de los estudiantes y de los docentes al centro de estudio”, detalló.

En la normativa en cuestión se fundamenta en base a la LUC, más precisamente referido al artículo 392 de esa ley, que “el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. el derecho de los no huelguistas a acceder a trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.

“El decreto fija un procedimiento de la desocupación de los centros de trabajo, pero el artículo 3 dice, idéntico procedimiento   para aquellos casos en que los ocupantes no fueren funcionarios o empleados de la dependencia, empresa, institución o establecimiento ocupado”, recordó el catedrático.

Barretto sostuvo que el eje central de este problema descansa en que este decreto, pensado para las ocupaciones de los lugares de trabajo, “tiene la posibilidad de extenderlo a otro tipo de situaciones, como puede ser la que tiene referencia a las movilizaciones estudiantiles, pero no encaja del todo porque se le da competencia al MTSS donde claramente este no tiene la expertiz para participar en mediación de temas que no son estrictamente laborales”.

Por otra parte, apuntó a que el decreto 281 tiene otro problema ya que permite la desocupación, cuando la LUC que es la que estaría este decreto reglamentando admitiría la ocupación – y sin posibilidad de desalojo por la fuerza pública- para el caso que permita el acceso de los trabajadores no huelguistas y del responsable del establecimiento.

“El decreto tiene de origen ese otro problema de una cierta ilegalidad (…) el decreto permite la desocupación siempre y en todo caso”, acotó, mientras la LUC habilita las mismas en tanto sean pacíficas.

“Una ocupación siendo pacífica y respetando el derecho de los demás a ingresar al establecimiento no debería ser objeto de desocupación”, concluyó Barretto.