Para el expresidente el actual gobierno “toma una decisión netamente política y técnicamente desacertada”. Repasamos los cuestionamientos jurídicos, ambientales y económicos que pesaban sobre el proyecto Neptuno.
El expresidente Luis Lacalle Pou consideró que la decisión de cancelar el proyecto Arazatí, conocido como Neptuno, anunciada ayer por el gobierno “es netamente política” y “técnicamente desacertada”.
“El proyecto Arazatí se planificó hace muchos años. Yo lo conocí al principio de los 2000 cuando era diputado. Cuando empezamos nuestro gobierno lo anoté en el pizarrón de prioridades. Después de la pandemia aceleramos las gestiones para disparar el procedimiento y sobre el final del mandato pudimos firmar el contrato”, escribió Lacalle Pou en la red social X.
Para el exmandatario, la actual administración “toma una decisión netamente política y técnicamente desacertada” dado que “no diversifica la fuente de agua que es vital, utilizando la misma cuenca”.
Ayer viernes, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el gobierno y el consorcio privado Aguas de Montevideo, encargado de la construcción de Neptuno, acordaron modificar el contrato firmado sobre el final del mandato de Lacalle Pou. En su lugar, se construirán dos plantas potabilizadoras en Canelones: una en Aguas Corrientes y otra en Solís Chico, donde además se concretará una reserva de agua bruta.
Sánchez informó que las obras costarán un tercio menos que la prevista para Neptuno, que rondaba los 300 millones de dólares, y aseguró garantizarán el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana hasta 2045. Hay estudios que muestran que la cuenca del Río Santa Lucía es “superavitaria”, apuntó Sánchez, lo que permitiría seguir tomando agua bruta de esa fuente.
En el mensaje difundido hoy en X, Lacalle Pou remató: “Esperemos no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre las malas decisiones las pagan los uruguayos. La responsabilidad es del Presidente @OrsiYamandu y su equipo”.
El proyecto Neptuno y sus cuestionamientos
El proyecto Neptuno fue una iniciativa privada presentada por el gobierno encabezado por Lacalle Pou en marzo de 2021 y aprobada en noviembre de 2022. El contrato se firmó el 23 de enero de 2025. “Es la inversión en agua potable más importante en 150 años”, sostuvo el entonces presidente.
Neptuno preveía la construcción de una nueva planta potabilizadora en Arazatí, en San José, que tomaría agua bruta del Río de la Plata. Esa usina cubriría el 30% de la demanda del área metropolitana donde viven 1,7 millones de uruguayos.
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, entre otras organizaciones, consideraba que Neptuno, al estar en manos de privados, vulneraba el artículo 47 de la Constitución, según el cual “el servicio público de abastecimiento de agua” para el consumo humano debe ser prestado “exclusiva y directamente” por el Estado.
Además, Neptuno presentaba problemas ambientales que fueron explicados por académicos de la Udelar. En ese sentido, el proyecto iba a instalar la toma de agua bruta en un área del Río de la Plata afectada por la floración de cianobacterias tóxicas. Por otro lado, los valores de salinidad registrados en la zona, 86 días al año según mediciones de OSE, hacían necesaria la construcción de una reserva de agua dulce también cuestionada por su impacto ambiental. Neptuno no incluía una planta desalinizadora.
Otro argumento en contra: los costos de Neptuno. La inversión privada rondaría los 300 millones de dólares, pero el Estado terminaría pagando, en el transcurso de 17 años, 890 millones de dólares. Esto repercutiría en la tarifa del servicio de OSE, tal como lo planteó el Movimiento por un Uruguay Sustentable.
Cuando la administración firmó el contrato en enero de este año, en plena transición, el entonces ministro de Ambiente designado lo definió como “un legado pesado”, que dejaba a OSE en una situación “crítica” por el financiamiento de la obra. Ortuño fue una de las figuras del actual gobierno que más cuestionó la concreción de este proyecto.
El 11 de abril, el Ejecutivo y el consorcio Aguas de Montevideo acordaron suspender por 90 días la ejecución de Neptuno. Finalmente, ayer se comunicó la cancelación del proyecto y las obras que se llevarán a cabo en su lugar, tras la modificación del contrato con el consorcio, que quedaría definido a fines de agosto. Sánchez informó ayer que las obras comenzarían a inicios de 2026 y se terminarían en un plazo estimado de 30 a 36 meses.
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