“No podés dormir una denuncia tres o cuatro años porque se perdió la prueba”, dijo la directora de la Jutep por el Frente Amplio, Ana Ferraris. Hay más de 400 denuncias pendiente de tratamiento, algunas en áreas muy sensibles como Aduanas y Casinos. “Hay que sacar a la Jutep de Montevideo”, agregó.
Ana Ferraris integra la directiva de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Debió solicitar datos a través de un pedido de acceso a la información pública. Gracias a esta determinación, la Jutep le informó que hay más de 400 denuncias pendientes de resolución. Así lo expresó en diálogo con Nada Que Perder este martes 13, por M24.
Falta la reglamentación del procedimiento de denuncias, pero, sin normas que la regulen, “pasa casi todo”, graficó.
Identificó un “claro sesgo político” como en los casos contra Yamandú Orsi y Carolina Cosse, que fueron aceptados aún cuando estaban fuera del plazo. Por otro lado, dijo que las denuncias contra la Intendencia de Montevideo carecían de todo rigor. Esas sí fueron tratadas de forma rápida, en otras se intentó dar trámite a determinadas denuncias que ya estaban en ámbitos judiciales respectivos y, por tanto, quedan por fuera de la órbita jurisdiccional de la Jutep, explicó Ferraris. Esto ocurrió con una denuncia contra Charles Carrera y otra contra Carolina Cosse.
“Esto es de un daño tremendo para un organismo de contralor como este”, definió.
El gobierno actual aumentó los recursos para la Jutep pero no los ejecutó. El porcentaje de ejecución presupuestal estuvo entre el 60% y el 65%. “Bajísimo”, fueron devueltos más de un millón de dólares en estos cinco años a Rentas Generales, informó Ferraris. Hay vacantes laborales sin llenar, agregó, a pesar de que la restricción para incorporar funcionarios no incluyó a este organismo. Por ejemplo, hay una vacante para contador, cuando la Jutep no cuenta con uno.
Hay denuncias en organismos como la Aduana y Casinos, espacios sensibles para temas como el lavado de activos. “No se ha investigado nada”, dijo Ferraris, quien consideró que faltó “voluntad política” para su tratamiento: “el tiempo es fundamental para el abordaje de las denuncias”, subrayó la directora.
En este punto de la entrevista, expresó: “No podés dormir una denuncia tres o cuatro años porque se perdió la prueba”.
Hay denuncias por el uso de autos oficiales para el traslado diario de un jerarca desde su domicilio a su lugar de trabajo, algo que el Código de Ética lo prohíbe. “Dos años después, ¿qué prueba se puede recabar?”. Dijo que este funcionario sigue en la plantilla estatal pero en otra repartición.
Fue la actuación de una ciudadana quien denunció la falta de la declaración jurada de la cónyuge del senador blanco Juan Sartori. Este extremo, el control social y de la prensa, fue calificado como “crucial” por la directora, ya que sustituye lo que debió impulsar el directorio.
Ferraris encontró vacíos en la declaración del senador durante su investigación a la declaración jurada de Sartori. Esta denuncia es la más emblemática porque llegó a la Suprema Corte, con veredicto favorable a la Jutep.
Hay que trabajar más en esta área porque “la Jutep tiene que ser algo más que un depósito de declaraciones juradas”, afirmó la entrevistada, porque esta área debe cumplir cabalmente el rol que tiene, que es un mecanismo de prevención de la corrupción. En la bóveda hay miles de declaraciones y la ley marca que el 5% de las mismas deben ser analizadas, pero no se hace.
La última modificación a la Ley nº19.797, la ley Cristal, se enfocó en las declaraciones. No fue reglamentada, por lo tanto, hay disposiciones que no se pueden cumplir. Algunas han generado tensiones importantes que se saldaron con el ocultamiento de determinados datos cuando no le corresponde a la Jutep resolver qué datos se publican o no, eso es del Poder Ejecutivo.
“Obviamente que no se puede publicar el número de una cuenta, pero ¿por qué ocultar el nombre del banco?, ¿es importante saber si opera con banca nacional o internacional? ¿es importante o no saber si tiene fondos en un paraíso fiscal?”, se preguntó.
Y falta mayor trabajo en las intendencias. “Hay que sacar a la Jutep de Montevideo”, agregó. Ahora el caso de las horas extras en Artigas está en estrados judiciales, pero hay denuncias contra la Intendencia de Florida, ejemplificó.
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