Con las complejidades de las amenazas a las víctimas, trabas desde el Ministerio del Interior, identificación de testigos, senadores oficialistas con versiones diferentes, este jueves 8 fue remitido al Poder Judicial el desafuero del senador blanco Gustavo Penadés debido a una investigación por abuso sexual de menores.
El debate parlamentario del miércoles 7 sobre el desafuero a Penadés mostró posiciones divididas en el oficialismo. Mientras sus correligionarios con mayor exposición mediática, Sebastián da Silva y Graciela Bianchi, expresaron desde que no creer que Penadés sea inocente y que se debe investigar a fondo una posible red de trata hasta “uno no termina de conocer a las personas”, desde Cabildo Abierto advirtieron que el desafuero podría constituirse en un peligroso antecedente porque, a su entender, en el escrito de la fiscal no aparecen pruebas.
“Me siento inhibido a decir que puede ser acusado criminalmente o que hay lugar a la formación de causa cuando, en lo que me es personal, no he podido comprobar que exista prueba suficiente de ello”, dijo en la sesión. De todas formas, votó el desafuero a pedido del Partido Nacional, confesó en sala.
El senador frenteamplista José Carlos Mahía calificó de “preocupante” las aseveraciones de algunos integrantes del Poder Ejecutivo en relación a este caso judicial. Por ejemplo, recordó los respaldos tanto del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como los del propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. A esto sumó las expresiones de la fiscal del caso sobre “dificultades en la labor” investigativa.
Se refiere al fragmento de la nota suscrita por la fiscal Alicia Ghione sobre el acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior. La fiscal también refirió a las amenazas recibidas por una de las víctimas a través de redes sociales, “por lo que no dudamos que podrá seguir ocurriendo porque son ellos –los explotadores– quienes conocen sus perfiles en las redes y sus contactos, los lugares donde se mueven y no nosotros, los investigadores de Fiscalía, que en una carrera contra el tiempo tratamos de ubicarlos”, consignó en el expediente.
El caso también aceleró decisiones en otros ámbitos del Ejecutivo, como la recisión del contrato de la persona que presuntamente colaboraba con la agenda de encuentros con menores de edad. El Ministerio de Defensa rescindió el contrato del docente del liceo militar Sebastián Mauvezin, involucrado en el caso. La noticia se conoció el 7 de junio, pero 48 horas atrás su retorno al instituto educativo fue defendido por el ministro Javier García por “presunción de inocencia”.
Finalmente, por unanimidad fue votado el desafuero del senador Gustavo Penadés. La vicepresidenta Beatriz Argimón, titular de la cámara alta, anunció que en la misma jornada fueron remitidas las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia. Ahora la investigación continuará en próximos días en la órbita de la fiscal Ghione. Será un análisis y desarrollo investigativo que no estará exento de complejidades, ya que podría pasar a la órbita de Crimen Organizado para desarrollar si existen vínculos con la trata de personas.
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