La inseguridad alimentaria grave supone que más de cien mil personas pasan un día sin comer, según surge del informe de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria, comentado por Gastón Ares.

 El primer informe de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Uruguay, presentado por el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Alimentación, muestra un panorama preocupante para el país.

Algunos datos que surgen del mismo muestran que:

• un 15% de los hogares tiene inseguridad alimentaria moderada o grave y un 16.5% de las personas;
• un 2.6% de los hogares y un 2.9% de los hogares tiene inseguridad alimentaria grave. Eso implica que hay 174.000 hogares y 575.000 personas con insuficiencia alimentaria moderada o grave.
• En tanto que, si se toma solamente la insuficiencia alimentaria grave, son 30.160 hogares y 101.069 personas;
• en los hogares de menores ingresos la inseguridad alimentaria es casi tres veces la general de la población y es 20 veces más grande que en el quintil de mayores ingresos;
• Si se toman los hogares con niños pequeños o no, las cifras también son terribles, la inseguridad alimentaria moderada o grave es casi el doble en los hogares con menores de seis años que en los que no viven menores: 21.5% contra 13.9%.

Surgen entonces muchas interrogantes: ¿Qué es inseguridad alimentaria? ¿Qué significa que se trata de un problema prevalente en el país? ¿Es posible compararlo con datos anteriores? ¿Qué implica para una sociedad y cómo podría revertirse? ¿Cuánto tiempo podría llevar revertir esa situación y que se requiere para ello? Todas estas consultas fueron planteadas al responsable del Núcleo Interdisciplinario "Alimentación y Bienestar" de la Universidad de la República, ingeniero en alimentos y Doctor en Química de la UDELAR, Gastón Ares.

"La sociedad civil no puede ser responsable de garantizar la alimentación de las familias", afirmó el experto que afirmó, en cambio, que se necesita de políticas públicas, de una política de Estado para revertir los datos que surgieron del mencionado informe.