De los 90 millones de dólares, las intendencias realizaron contrataciones por 62 millones que, en su mayoría, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
Según informó el periodista Eduardo Preve en La Tapadita, la Fundación a Ganar -vinculada al Partido Nacional- realizó contratos con el Estado e intendencias municipales por 90 millones de dólares, durante el período de gobierno de Luis Lacalle Pou. Preve detalló que existieron contratos con la Secretaría Nacional de Deporte, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y con la ANEP.
Además, Preve explicó que existieron contratos realizados con las intendencia de Paysandú, Maldonado, Durazno y Rocha, que fueron las que más acuerdos celebraron con la fundación. De los 90 millones de dólares, las intendencias realizaron contrataciones por 62 millones que, en su mayoría, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
De esta forma, 40 millones de dólares fueron contrataciones por la comuna de Maldonado, 13,5 millones de Paysandú, 8,9 millones de Rocha y 2,8 de Durazno. La información difundida por Preve surge del pedido de informes realizado por el senador frenteamplista Eduardo Brenta. Según explicó el periodista, en la respuesta del pedido de informes que recibió el senador quedaron fuera del conteo 20 millones de dólares que no habían sido contabilizados.
“Como contamos con el pedido de informes que contestó el Mides, comparamos el monto y hay una cifra cercana a los 18 millones de dólares que no está incluida en el informe del TCR, lo que amerita que enviemos un nuevo pedido de informes a fin de constatar lo que sería una cifra cercana a los 90 millones de dólares”, explicó Brenta a Preve.
En este sentido, el periodista sostuvo que, en el caso de las intendencias, se utilizó un “mecanismo” que incluye a todos los recursos humanos vinculados a las políticas de educación, cultura y deporte. “La Fundación a Ganar habría funcionado como una intendencia paralela en aquellos departamentos, tercerizando servicios sin pagar aportes patronales y pagando sueldos menores que los municipales”, detalló.
A su vez, la fundación cobraba un porcentaje aproximado del 5% del monto total de los dineros destinados a los servicios personales, lo que es “bastante similar”, según detalló Brenta, a lo que cobran las empresas de recursos humanos. “Entiendo que es legal, pero no es conveniente”, puntualizó el senador en diálogo con Preve.
“Se trata de un pasamanos, al cobrar un 4% por hacer la gestión de contratar personal. De 90 millones de dólares, da 3,6 millones de dólares de ganancia por hacer clientelismo y no se destinó para contratar a personas en situación de vulnerabilidad social”, concluyó el periodista.
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