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En Órbita

La destitución a Vizcarra pierde fuerza en Perú; crecen los pedidos de reforma policial en Colombia
15/09/2020
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El Ejecutivo peruano presentó ante la Justicia un recurso para suspender el juicio político a Martín Vizcarra en el Congreso. En Colombia siguen las acusaciones contra las autoridades tras las protestas y muertes en Bogotá.

El avance del Congreso para destituir al presidente peruano Martín Vizcarra se ha debilitado con el correr de los días. Líderes políticos opositores —como Keiko Fujimori, de Fuerza Popular— cuestionaron la propuesta.

El presidente ha sido acusado por presunta corrupción en la contratación del cantante Richard Swing para dar charlas motivacionales a funcionarios del Ministerio de Cultura. El cantante habría recibido unos 50.000 dólares por brindar un servicio aparentemente ajeno a su experiencia y formación.

El Ejecutivo respondió a los legisladores y presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para bloquear el pedido de destitución del presidente por «incapacidad moral».

«Los argumentos [del Congreso] se han debilitado, porque además se ha conocido, por parte de altos mandos militares, que el presidente del Congreso [Manuel Arturo Merino de Lama] estuvo haciendo coordinaciones con ellos, aún antes de que se aprobara la moción sobre un posible retiro del presidente», dijo a En Órbita Marco Arana, líder del Frente Amplio de Perú.

Esta situación no es más que un «golpe o sedición», afirmó el entrevisstado. Preocupa que «esto deslegitima y hace que el presidente pueda victimizarse en una situación en la que tiene que someterse a la investigación de la Fiscalía, y a la del Congreso, pero con garantías bien conducidas, no como ahora».

En su diálogo con En Órbita, Arana se refirió al impulsor de este avance del Congreso contra el mandatario, en un año previo a la instancia electoral de 2021.

«Quien presenta los audios [Edgar Alarcón] fue destituido previamente por corrupción por el Congreso anterior. Quiere pasar de villano a héroe. Es parte de lo terrible de la situación de corrupción en el país», lamentó.

Represión en Colombia

Este martes 15 el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informará al Senado sobre la actuación policial en las protestas del 9 y 10 de septiembre. Las jornadas dejaron al menos 13 personas muertas, 80 heridas y más de 150 denuncias de abusos por parte de uniformados.

El estallido se inició tras conocerse que el abogado Javier Ordóñez, de 43 años, murió en Bogotá al recibir descargas eléctricas y golpes por parte de policías.

En Órbita conversó con Alfonso Castillo, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que pide la creación de una comisión para reformar la la fuerza pública.

«Esta debe ser una comisión de alto nivel, con representantes de Naciones Unidas y de ONGs internacionales, sumado a representantes de organismos de derechos humanos en Colombia. Hay que construir una propuesta viable de modificación de la policía nacional», dijo.

El ministro Holmes Trujillo aseguró que la reforma policial «ya está en marcha». En cambio, el entrevistado dijo que en el movimiento «no sabían ni fueron convocados a tal escenario de discusión. Es parte de una cortina de humo», acusó.

Castillo expresó que el debate debe tener una amplia participación ciudadana. «La institución policial debe salir de la égida del Ministerio de Defensa y pasar a ser un organismo civil, controlado por el Ministerio del Interior», sostuvo.

En tanto, este domingo 13 el Gobierno de Bogotá organizó un acto de perdón y reconciliación en el que estuvieron presentes familiares de víctimas de la represión en las protestas.

La alcaldesa Claudia López cuestionó la ausencia del presidente Iván Duque. Pocas horas después del acto, en la plaza de Bolívar se produjeron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Antidisturbios.

«La ciudadanía se hartó al ver tanto abuso e impunidad. Salió a la calle a expresar su rebeldía. No hay sorpresa, era esperable», afirmó Castillo sobre las protestas que han sacudido la capital de Colombia.

Cara a cara

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió en Sochi a su par bielorruso, Alexandr Lukashenko. El anfitrión rechazó la injerencia en los asuntos del país vecino tras la reelección de Lukashenko, en el poder desde 1994.

«Los bielorrusos deben decidir su futuro por sí mismos, sin presión externa, a través del diálogo y elaborando una solución conjunta», afirmó.

Durante el encuentro, Moscú confirmó un préstamo de 1.500 millones de dólares a Minsk «ante el momento difícil que atraviesa el Gobierno».

En tanto, la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaia, exiliada en Lituania, afirmó que el presidente ”carece de legitimidad». Y aseguró que cualquier acuerdo firmado con Lukashenko será revisado por un nuevo Ejecutivo.

Tras las elecciones del 9 de agosto, la oposición denunció fraude y llamó a repetir la instancia, lo que el mandatario rechazó.

Las protestas han sacudido el país, con un saldo de tres muertos, cientos de heridos y al menos 6.700 detenidos. Al mismo tiempo, las figuras más visibles de la oposición han sido expulsadas o arrestadas.

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