El tribunal sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confirmó este martes la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por unanimidad, los tres jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron un recurso de la defensa de la exmandataria y ratificaron una sentencia a seis años de prisión por la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, informó eldiarioAR.
El tribunal sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”, según el citado medio. Asimismo, la Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita.
De acuerdo al fallo, “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida”, y se enfatizó en que Cristina Fernández “relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares”.
Con esta condena firme, la expresidenta no podrá presentarse como candidata a diputada en setiembre a las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
Sobre la causa
La denominada causa Vialidad es una investigación judicial que analizó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el que Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de la Nación y previamente senadora. Se la acusa de haber liderado una asociación ilícita con el fin de direccionar contratos de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.
A fines de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y dispuso el decomiso de $84.835 millones, tras comprobar un esquema que benefició a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas.
La defensa de la expresidenta cuestionó la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero la Corte Suprema resolvió este martes que esos argumentos no demostraron arbitrariedad ni violaciones a derechos constitucionales.
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