La compra directa vinculada al sistema de videovigilancia hecha por el exministro del Interior Nicolás Martinelli se llevó a cabo en un plazo de 45 días, concretándose dos días después del balotaje presidencial de 2024.
En La Tapadita de este martes, Eduardo Preve reveló los detalles de una compra directa vinculada al sistema de videovigilancia, por casi 33 millones de dólares, hecha por el exministro del Interior Nicolás Martinelli. La adquisición se llevó a cabo en un plazo de 45 días y comprometió a la gestión de Carlos Negro "a usar y a pagar una tecnología que no eligió", según detalló Preve.
La compra directa se produjo el 26 de noviembre de 2024 -dos días después del balotaje- y consiste en el arrendamiento de 5.300 cámaras para el sistema de videovigilancia que hay desplegado en el país. El Ministerio del Interior trabaja con dos plataformas de videovigilancia: SONDA y DDBA, informó Preve, que arriendan las cámaras con el sistema para su funcionamiento y el mantenimiento.
El 9 de octubre de 2024, el ministerio solicitó tanto a SONDA como a DDBA una cotización por 2.600 cámaras, informó Preve, subrayando al celeridad del proceso que se completó el 26 de noviembre.
Según indicó el periodista, la empresa que finalmente resultó beneficiada, DDBA, cotizó el valor de la compra sin los impuestos de ingreso al país (precio CIF) y aumentó la oferta a 5.300 cámaras. Por su parte, SONDA presentó una oferta teniendo en cuenta el valor correspondiente al mercado de plaza de las cámaras de videovigilancia (con impuestos de entrada).
En ese contexto, el anterior ministerio del Interior no solicitó a SONDA una cotización por las 5.300 cámaras (sin impuestos) que ofrecía su competidor, para llevar adelante la comparación de precios correspondiente, por lo que SONDA presentó un recurso contra la decisión.
Para evitar ser observada por el Tribunal de Cuentas, la administración pasada justificó la compra directa alegando que solo DDBA podía suministrar esas cámaras con inteligencia artificial integrada, continuó Preve. Pero los nuevos responsables de Interior aseguraron lo contrario, que lo indicado "es falso", según explicó.
Una de las principales complejidades que reviste esta compra, advirtió el periodista, es determinar quién va a retirar esas cámaras del puerto y a encargarse de pagar el impuesto no cotizado en la oferta. Y otra de las dudas que surgen es si no existen vínculos personales entre quienes representan a estas empresas y la exautoridades del Ministerio del Interior.
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