Si bien el porcentaje de trabajadores con ingresos sumergidos bajó respecto a 2023, continúa siendo mayor al de 2019, previo a la pandemia por coronavirus.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en julio la tasa de desempleo se ubicó en 6,9 %, por debajo del 7,3 % de junio y del 8,3 % registrado en el mismo mes de 2024.
Consultada sobre este dato en Info24, la economista y coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte, Alejandra Picco, señaló que desde el cambio metodológico del INE en 2021, actualmente el país está “ante la tasa de desempleo mensual más baja” que había tenido. Sin embargo, aclaró que existen problemas de comparabilidad con los años previos, ya que la metodología que utilizaba el INE para medir estas variables era otra.
Según explicó, la reducción del desempleo se relaciona con un incremento en la cantidad de personas ocupadas, mientras que la oferta laboral crece a un ritmo más lento. “La tasa de empleo viene creciendo de manera más rápida o más fuertemente que lo que viene haciendo la tasa de actividad”, puntualizó la economista.
Al analizar la desagregación de los datos, Picco advirtió que el promedio nacional oculta desigualdades significativas. “La última tasa de desempleo es 6,9 %. En realidad se explica por un 8,6 % de desempleo en las mujeres y un 6,4 % en los varones”, subrayó. También resaltó que los jóvenes presentan mayores dificultades de inserción y empleos de menor calidad.
Las diferencias regionales son otro aspecto relevante. Si bien el promedio es bajo, Picco indicó que hay tasas de desempleo de más del 10 o 12 % en algunas regiones. En paralelo, en varios departamentos de frontera el nivel de informalidad supera el 40 % de los ocupados.
“Ahí hay un rol importante de formalización y de política pública para apuntar a la formalización de esos territorios porque es algo que viene de larga data. Por ejemplo, los territorios de la frontera, en particular Rivera, Cerro Largo, Artigas, son departamentos donde quizás en algunas oportunidades no vemos tasas de desempleo tan elevadas, pero conviven con niveles de informalidad y no registro que son prácticamente el doble que la media país”, expresó.
Picco se refirió también al último informe sobre salarios sumergidos elaborado por el instituto, en el que se analiza la distribución de ingresos. “En 2024 hay aproximadamente medio millón de ocupados, un poco más de 500.000 trabajadores que perciben salarios o ingresos laborales por su trabajo que están por debajo de 25.000 pesos líquidos por una jornada de 40 horas semanales”, indicó.
Si bien el porcentaje de trabajadores con ingresos sumergidos bajó respecto a 2023, continúa siendo mayor al de 2019, previo a la pandemia por coronavirus. La economista opinó que esto ayuda a explicar por qué “en una economía que pese a que tuvo un crecimiento promedio lento en la última década, hay indicadores de pobreza e indicadores de desigualdad que son peores a los de 2019”.
En el análisis histórico, el problema aparece como persistente. Según Picco, “los bajos salarios o la cantidad de trabajadores que perciben bajos salarios es un problema estructural en la economía”. Además, durante las crisis esas brechas se amplían y la recuperación suele ser más lenta.
Entre los sectores con mayor incidencia de salarios sumergidos, la especialista mencionó al trabajo rural, el doméstico, el comercio y los restaurantes y hoteles. “Siempre nos encontramos con que son los mismos cuatro sectores de actividad donde encontramos una mayor prevalencia de trabajadores con ingresos sumergidos”, explicó.
La economista también destacó que las mujeres y los jóvenes enfrentan mayores barreras para acceder a empleos de calidad. En el caso de ellas, “tienen menores tasas de actividad porque hay una menor oferta de mujeres en edad de trabajar en el mercado laboral y eso tiene que ver con hacerse cargo de los cuidados y las responsabilidades del hogar”. En los menores de 25 años, las dificultades iniciales para insertarse en el mercado laboral repercuten luego en empleos precarios y mal remunerados.
Para revertir estas tendencias, Picco planteó la necesidad de fortalecer las políticas de formalización, y recordó que en etapas anteriores “hubo una política muy fuerte de formalización que apuntó, por ejemplo, a los sectores donde la informalidad o el no registro de la seguridad social es mucho más alto”. A su juicio, un nuevo impulso en este sentido es clave para mejorar la calidad del empleo y reducir las brechas estructurales.
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