Sandra Fleitas solicitó a la jueza la prohibición de utilizar redes sociales al exsenador; la magistrada contestó que Carrera "puede hacer el uso de las redes que su criterio entienda".
La jueza Lorena Juliano aceptó el pedido de la fiscal Sandra Fleitas y formalizó la investigación contra el exsenador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, a quien se lo imputó por los delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de falsificación ideológica, en este caso como autor mediato y con un delito de utilización de información privilegiada.
Como medida cautelar, la fiscal Fleitas solicitó, por un plazo de 150 días, la fijación de domicilio; la prohibición de salir del país con cierre de fronteras; arresto total en su domicilio con monitoreo mediante un dispositivo electrónico de vigilancia; y la prohibición de utilizar redes sociales a los efectos de preservar la investigación.
Sobre esto último, la jueza sostuvo que Carrera "puede hacer el uso de las redes sociales que su criterio entienda", ya que "es un ejercicio de un derecho, más que una amenaza". "Esta necesidad de acudir a las redes para explicar su situación no le afecta a nadie y el que se sienta afectado podrá presentar una denuncia penal", manifestó.
La magistrada no hizo lugar a la prisión domiciliaria ni al monitoreo a través de un dispositivo electrónico, y en su lugar definió que Carrera constituya domicilio y no pueda salir del país por un plazo de 90 días, ya que consideró "excesivo" el plazo de 150 días que pidió Fiscalía.
Juliano hizo énfasis en que “Charles Carrera es inocente en el delito hasta que una sentencia definitiva, y en su caso firme, determine que hay un la responsabilidad en el delito penal. Y para eso falta todavía”.
El caso
Hasta mediados de mayo de este año, Carrera era investigado por la fiscal de Delitos Económicos y Complejos Silvia Porteiro por un presunto delito de abuso de funciones en el uso del Hospital Policial, cuando el exsenador era director general de Secretaría del Ministerio del Interior en 2013. El 19 de mayo pasado asumió el caso la fiscal Fleitas, luego de que Porteiro pidiera su traslado de fiscalía tras tres años de investigación sin solicitar la formalización. Porteiro indagaba a Carrera por abuso de funciones e incluso por eso le pidió el desafuero en setiembre de 2024, pero Fleitas solicitó la formalización por los otros tres delitos.
“Es inadmisible que a un ciudadano se lo haga pasar por eso. Andar cambiando la relación jurídica tantas veces como el cambio de fiscal y que la persona tenga que estar ensayando defensas eventuales o estar precaviéndose de eventuales cambios. Y al final parece que está dentro de un cuarto oscuro que no sabe de dónde le llegan los palos y tiene que defenderse por las dudas”, manifestó uno de los abogados defensores de Carrera, Juan Manuel González.
“No podemos justificar tener a una persona cinco años sometida a juicio por un pedido de formalización que enuncia delitos que no están mínimamente explicados”, expresó González.
Fleitas solicitó la formalización de Carrera pocos días después de que asumió su cargo en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, lo que la defensa de Carrera calificó como “exprés”. En la audiencia de formalización, la abogada Lucía Fernández (integrante de la defensa de Carrera) mostró cálculos que muestran que estudiar la carpeta del caso llevaría al menos seis meses.
La audiencia
Fleitas consideró que Carrera tiene responsabilidad penal por el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre herido de bala en La Paloma (Rocha) presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada. También por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.
Durante la audiencia judicial de este miércoles, la fiscal Fleitas expuso los fundamentos de su solicitud de formalización de la investigación y, según explicó, su teoría del caso se basa en que Carrera actuó con engaño y abuso de poder en el ingreso irregular de una persona al Hospital Policial.
Respecto a la imputación por fraude, la representante del Ministerio Público apuntó a un uso indebido de recursos del Estado. “En este caso no había ninguna norma que habilitara a que se pudiera atender a un gasto de un particular. Razón por la cual hay una desviación del poder, que además es en perjuicio del Estado, pone en evidencia lo que tiene que ver el daño, porque el delito de fraude exige necesariamente que exista un daño”, concluyó.
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