Se solicitará imputar a Pablo Carrasco por estafa y lavado de activos, mientras que para Ana Iewdiukow y Daniela Cabral se pedirá imputación por estafa.
En la mañana de este jueves se desarrolla la audiencia judicial de la causa Conexión Ganadera, la empresa que captaba inversiones en ganado y que a fines de 2024 comunicó a sus inversores la imposibilidad de pago.
En la instancia, el fiscal Enrique Rodríguez buscará imputar a Pablo Carrasco, socio de la empresa, a su esposa, Ana Iewdiukow y a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, el socio de Carrasco que falleció en un accidente de tránsito días antes de que la empresa revelara su situación financiera.
En la audiencia de hoy, la jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, resolverá el pedido de formalización de los implicados. El fiscal Rodríguez solicitará imputar a Carrasco por los delitos de estafa y lavado de activos y para Iewdiukow y Cabral pedirá una imputación por delito de estafa.
La empresa ofrecía inversión en ganado y prometía una renta fija anual a los inversores que superaba la media del sector. Una vez que la empresa declaró su crisis, se descubrió que operaba con una modalidad conocida como esquema ponzi, donde los nuevos inversores financiaban el pago de intereses a los antiguos, hasta que perdió liquidez.
La trama involucra a aproximadamente 5.000 personas; aún resta definir cuál es el monto exacto del pasivo de la empresa, mediante el proceso que lleva adelante el síndico Alfredo Ciavatonne.
Otro punto trascendente en la instancia de hoy es la solicitud, como medida cautelar, de embargar inmuebles de ambas familias implicadas por un monto de aproximadamente 16 millones de dólares. Estos quedarían a disposición de los damnificados, si el juez Leonardo Méndez, que está al frente del proceso de concurso, así lo considera.
El fiscal Rodríguez ya había solicitado prisión preventiva para Carrasco y domiciliaria para Iewdiukow y Cabral. Sin embargo, se espera que la defensa de los investigados apele esta decisión, por entender que las medidas actuales, que implican el cierre de fronteras y la fijación de domicilio, son suficientes.
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