El Estado trabajará el combate al narcotráfico como un sistema para evitar otra situación que deje al país en “una reputación inadecuada” como ocurrió en el caso del narcotraficante Marset.
Este martes el gobierno presentó el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, una de las prioridades de la administración del presidente Yamandú Orsi, como indicó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Junto a Díaz, participaron el ministro del Interior, Carlos Negro, la ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, y el ministro interino de Defensa Nacional, Joel Rodríguez.
“La mano izquierda tiene que saber lo que está haciendo la mano derecha; no le puede pasar más al país situaciones como la que hemos vivido en el pasado con el caso Marset, donde instituciones del Estado desconocían completamente lo que otras instituciones hacían, produciéndose los resultados que luego dejaron al Estado uruguayo en una reputación inadecuada”, ejemplificó Díaz en conferencia de prensa, sobre los motivos del cambio en la forma de articular el trabajo contra el delito organizado.
“Puse el ejemplo de los pasaportes porque es un ejemplo público que desató una situación puntual y un daño reputacional al país”, dijo Díaz. El prosecretario adelantó que trabajarán sobre la mejora en tecnología, la adecuación de la normativa nacional a lo establecido en convenios internacionales vinculados al ciberdelito, así como en el cruce de información entre oficinas estatales. El sistema va a “sentar en la misma mesa" a todas las instituciones "que tienen competencia en el punto”, precisó.
El ministro Negro sostuvo que el trabajo necesita salir del esquema de comisión a otro “flexible, dinámico y sostenido en el tiempo”. Por este motivo, el sistema está integrado por Presidencia y los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Educación y Cultura, la Junta de Transparencia, Fiscalía, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Secretaría Nacional de Drogas, la Senaclaft, AGESIC y el Banco Central, según indica el decreto 195/2025.
Por otra parte, Díaz adelantó que la próxima semana el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto que modifica la Ley contra el Lavado de Activos, lo que incluye el tope máximo para el uso de efectivo en transacciones y cambios en la fiscalía especializada en la materia.
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