La investigación interna para determinar responsabilidades en el caso de los 900.000 dólares desviados desde el Fondo de Vivienda de la Construcción a particulares pasó a la Justicia penal, informó a M24 el presidente del Sunca, Richard Ferreira.
La funcionaria administrativa contratada desde 2005 pidió licencia médica a partir de noviembre de 2024. La directiva del Fondo coadminsitrado por trabajadores y empresarios, constató transferencias no autorizadas por esta funcionaria hacia diferentes cuentas. Y comenzó la investigación.
El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca), Richard Ferreira, detalló a INFO24 (lunes a viernes desde las 08h. en horario de verano) que el directorio del Fondo separó del cargo a la administrativa y abrió una investigación externa. El documento final constató 193 transferencias no autorizadas a lo largo del tiempo y a distintas cuentas por el monto señalado.
Fueron identificadas 14 personas que recibieron montos de dinero. Hay siete personas vinculadas a la organización sindical, otras personas son trabajadores de la construcción y serán sancionadas. La consulta ya está hecha al Banco República para conocer quiénes son los propietarios de las cuentas.
Además, este martes 21 se definió el camino de la denuncia final para que la Justicia identifique todas las responsabilidades, finalizó Ferreira.
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