Preocupa al FA que la contratación a fundaciones sea un “camino oblicuo” para “continuar ingresando personas con fines claramente clientelares”, indicó Brenta.
La Intendencia de Salto informó en agosto la colocación de los primeros pisos flotantes en viviendas del barrio Quiroga, en la capital del departamento, a través de la fundación Piso Digno. Uno de sus integrantes es Pablo Bartol, el exministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Durante la columna Desde adentro, para Nada que perder, el periodista de M24 Diego Martini profundizó sobre la relación entre Piso Digno y el gobierno departamental salteño, encabezado por Carlos Albisu. Además, el reporte explora las diversas modalidades de contratación de los gobiernos departamentales, así como los vínculos políticos y religiosos de estas iniciativas.
El informe también recuerda el respaldo del expresidente Luis Lacalle Pou a la gestión de Albisu como titular de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a quien describió como “una persona de confianza” que tiene su “aprecio y afecto personal”. Albisu renunció a su cargo en la comisión en setiembre de 2023 tras denuncias de clientelismo político.
El presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio (FA), Luis Alonso, expresó a M24 su “sorpresa” por la concreción de este convenio entre el gobierno departamental de Albisu y Piso Digno, un acuerdo sin información sobre “cuánto costará a la intendencia”. También sostuvo que las soluciones requeridas por los habitantes de los 30 asentamientos ubicados en Salto “no se resuelven con un piso de madera envuelto en nylon”.
Por su parte, el senador del FA Eduardo Brenta mostró su preocupación por el convenio porque “de esta manera modesta surgió la Fundación A ganar”, señalada como “una herramienta” para la “incorporación de militantes y dirigentes del PN” mediante la contratación de personal destinado a tareas en las intendencias. También recordó “los antecedentes del intendente Albisu”, puntualmente la renuncia a Salto Grande por el ingreso de militantes del PN a la plantilla del organismo binacional.
“Nos preocupa que, en momentos en el cual el Parlamento se apresta a aprobar una ley para transparentar los ingresos (de funcionarios) a los gobiernos departamentales, comiencen a crearse fundaciones que puedan ser el camino oblicuo para continuar ingresando personas con fines claramente clientelares”, definió Brenta.
El investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Martín Freigedo, subrayó que el manejo “discrecional” del ingreso a la función pública en los subgobiernos “no es algo nuevo”. “En muchos casos, los propios estatutos departamentales les dan esa facultad (a los intendentes) incluso con el aval de la Junta Departamental”.
Pero este “no es el único mecanismo por el que se canaliza las prácticas discrecionales”, dijo Freigedo, como la incorporación de personal zafral o mediante contratos por monotributo, a través de empresas tercerizadas o mediante fundaciones, mecanismos que son “cada vez más recurrentes” por parte de los gobiernos departamentales.
En cuanto a los convenios entre intendencias y fundaciones Freigedo dijo que los montos “muy elevados” de estos vínculos permiten la contratación de “una gran cantidad de mano de obra precaria y por fuera de las estructuras institucionales clásicas”, con intendentes que poseen una “gran capacidad de dominar los procesos de contratación de esos funcionarios y sostener una relación de dependencia” basada en “la lealtad y militancia política”.
Para Freigedo, esto presenta dos problemas estructurales para “el desarrollo de una buena administración pública”: por un lado, los contratos zafrales son “demasiado precarios” por períodos muy cortos de tiempo, “atados a la voluntad” del jerarca de turno y sin capacidad para defender su fuente de empleo; por el otro, “la capacidad de control de este tipo de contratos” es “muy limitada” para “conocer los procesos de selección”.
Por su parte, el investigador especializado en religiones y licenciado en Trabajo Social, Nicolás Iglesias Schneider, recalcó que “hay una serie de mecanismos por los cuales el Estado termina financiando directa o indirectamente a instituciones privadas para hacer políticas públicas, que son de perfil católico y conservador”, la misma que tiene “el herrerismo” con “un cristianismo basado en valores y una lógica de fortalecimiento de vínculos entre el Estado y la Iglesia Católica”.
Iglesias recordó que la mitad de las donaciones especiales van dirigidas al liceo Impulso, “vinculado a esta concepción conservadora, aunque sea laico” y la otra mitad va dirigida a los liceos “Jubilar, Juan Pablo II, Providencia, Francisco y la Fundación Sofía”.
También “se consolidó” una relación “a nivel de políticas públicas y sociales con un catolicismo institucional que se fue fortaleciendo” mediante “fundaciones en el área social”, o “en el área de la salud con el Círculo Católico”, indicó Iglesias.
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