Las intervenciones policiales en Durazno y el Hospital de Clínicas “evidencian” que las prácticas institucionales frente a personas con padecimiento psíquico deben revisarse.
El directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un comunicado este miércoles para expresar su “profunda preocupación” por los procedimientos policiales en la ciudad de Durazno y en el Hospital de Clínicas que concluyeron con el fallecimiento de dos personas.
El comunicado hace referencia al procedimiento ocurrido el 12 de mayo en Durazno, cuando un móvil policial detuvo a Lucas Pedrozo, un joven con esquizofrenia cuya familia había solicitado asistencia para contenerlo. Durante el operativo, los efectivos policiales realizaron “unos ocho disparos”, según relató su madre a Telemundo, aunque la Jefatura de Policía de Durazno aseguró que los agentes utilizaron munición “no letal”. “Cuando ya estaba esposado y en el suelo, lo pararon y le dieron un tiro de cada lado”, aseguró un tío de Pedrozo al mismo medio. Su hermana, enfermera de profesión , relató que el joven “entró en shock” al hospital departamental, donde falleció horas después.
En el Hospital de Clínicas, la Policía intervino el 5 de junio, cuando una persona que se había descompensado tras ingerir medicamentos encontrados en un consultorio y que sostenía en su mano “un portasuero” metálico, fue abordada por personal de seguridad del hospital y por agentes policiales. Uno de los policías le disparó en el lado izquierdo del tórax, lo que ocasionó su muerte.
La INDDHH destacó las “instancias de formación” en derechos humanos y en atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, dirigidas al personal policial. “Sin embargo, estos hechos evidencian la necesidad de profundizar y revisar las prácticas institucionales, en particular aquellas vinculadas a la intervención policial frente a personas con sufrimiento psíquico”, indicó el comunicado.
Para la Institución, “es vital abordar la persistencia de prejuicios y estigmas hacia las personas con trastornos de salud mental para asegurar sus derechos y su integridad en todo procedimiento que involucre el uso de la fuerza” y reafirmó “la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y promover la participación activa de organizaciones sociales” para garantizar el cumplimiento pleno de la Ley de Salud Mental n.º 19.529.
“Se hace un llamado a todos los actores con responsabilidad institucional a asumir con firmeza el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado uruguayo, tanto en el marco de la normativa nacional como de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, finalizó el comunicado del INDDHH.
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