La violencia digital contra niños, niñas y adolescentes se ha convertido en una preocupación creciente. En este contexto, especialistas destacan la importancia de la educación digital, la legislación y la acción estatal para proteger a los menores.
La violencia digital es un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Especialistas en el tema han enfatizado la importancia de la educación digital y de la regulación estatal para proteger a los más jóvenes en este espacio virtual, que cada vez está más presente en sus vidas.
La psicóloga Alejandra Bentancor, integrante de la asociación civil El Paso, y autora del informe ‘Explorando los cuidados en la red digital’, presentado en el Congreso de Infancia el año pasado, señaló a Nada que perder la necesidad de acompañar a los niños en su navegación por la web de manera similar a cómo se les enseña a moverse en la calle. “La idea no es prohibir, la idea es mostrarles este espacio de circulación acompañándolos para mostrarles cuáles son las pautas de seguridad”, expresó Bentancor, quien subrayó la importancia de enseñarles a los menores a identificar los riesgos y saber cómo actuar ante situaciones sospechosas.
Además de los riesgos generales de la red, como el engaño y la desinformación, los niños y adolescentes se enfrentan a amenazas más graves, como el ciberacoso, el grooming y la incitación a conductas peligrosas. “Los niños, por esta cuestión de una mayor fragilidad por ausencia de sentido crítico, quedan expuestos a otro tipo de violencias como, por ejemplo, la incitación a lesiones, la incitación al suicidio, la incitación al consumo”, afirmó Bentancor. Estos riesgos, sumados a la posibilidad de abuso y explotación, hacen que los menores sean especialmente vulnerables en entornos digitales.
Además, la psicóloga señaló que “el Estado tiene una responsabilidad en tener una legislación que sancione y que dé las condiciones de regulación jurídica para poder perseguir los delitos que se dan en el espacio virtual”, aunque reconoció que todavía queda mucho por hacer en este ámbito.
Asimismo, Bentancor destacó que es fundamental que la educación digital sea parte integral de los sistemas educativos, para que los jóvenes adquieran un sentido crítico y herramientas para protegerse en línea. “Necesitamos saber cómo manejarnos en la web, a qué tenemos derecho y a qué no”, dijo, a la vez que añadió que “el Estado requiere una priorización de acciones concretas y lo más urgente posible”, afirmó Bentancor.
Por su parte, el jefe del Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal, Pablo Pagés, mencionó que desde su institución se trabaja en una estrategia integral para abordar la convivencia en el contexto digital. Esta estrategia incluye la formación de docentes y el monitoreo constante de las situaciones de violencia digital en los centros educativos. “El año pasado generamos, de forma colaborativa y participativa con estudiantes de educación media, UTU y secundaria, un acuerdo nacional por la convivencia”, explicó Pagés. Este acuerdo busca integrar la convivencia digital con la convivencia física en las aulas, y promover una educación que permita a los estudiantes reconocer y prevenir los riesgos en línea.
Según el informe Kids Online, elaborado junto con UNICEF y la Universidad Católica del Uruguay, los datos sobre violencia digital entre adolescentes revelan cifras alarmantes. Uno de cada tres adolescentes ha pasado por episodios negativos en redes y uno de cada cuatro niños recibió mensajes con contenido sexual por internet.
Pagés resaltó que “los casos de maltrato en línea mayoritariamente se asocian con personas identificadas como amigos o amigas cercanas a la persona víctima de este maltrato digital”, mientras que solo uno de cada cuatro casos serían por parte de personas desconocidas. En este sentido, Pagés consideró que estos datos ponen el foco en cuestionarse “cómo se construye también el tejido dentro del propio centro educativo”.
El rol del Ministerio del Interior frente a la violencia digital
En setiembre de 2023, un hombre fue condenado a más de cinco años de prisión por grooming, tras ser hallado culpable de contactar a niñas de entre 8 y 13 años mediante perfiles falsos en redes sociales. Usaba identidades ficticias, simulando ser un niño o adolescente, para luego entablar conversaciones con contenido sexual y enviar imágenes íntimas. Este caso encendió las alarmas de las autoridades sobre el aumento de delitos de acoso digital contra menores.
Ante este escenario, el subdirector de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Richard Gutiérrez, explicó que una de las respuestas institucionales se basa en la formación interna de los funcionarios: “llevamos ya hace un buen tiempo con mucho éxito una experiencia de un curso sobre violencia sexual hacia niños niñas adolescentes donde se aborda específicamente la violencia que se da en los entornos digitales”. Asimismo, anunció que este año se pondrá en marcha una nueva instancia educativa llamada ‘Violencia basada en género y las TIC’, con foco especial en niños, niñas y adolescentes.
En paralelo, se impulsa una línea de acción preventiva a través de campañas de sensibilización y programas dirigidos a zonas rurales. “Estamos trabajando en una campaña comunicacional, en un programa de fortalecimiento al acceso a la justicia de mujeres y niños y niñas adolescentes, particularmente en el ámbito rural”, detalló Gutiérrez. Esta estrategia contempla materiales gráficos, audiovisuales y digitales que visibilicen la violencia de género y generacional en entornos donde el acceso a información suele ser limitado.
Además, se destacó la implementación del programa HM, enfocado en adolescentes entre 13 y 15 años. Gutiérrez subrayó que su objetivo es “trabajar los estereotipos de género, que muchas veces es lo que hace que se perpetúe la violencia basada en género en estas franjas etarias”.
El Ministerio del Interior, a través de sus comisarías y la Línea 0800 5000, ofrece canales para denunciar la violencia digital contras niños, niñas y adolescentes. La Línea Azul (0800 5050) también es un recurso para denunciar situaciones de violencia y vulneración de derechos de menores. Además, la Intendencia de Montevideo tiene a disposición servicios psicosociales y jurídicos gratuitos para niños en situación de violencia.
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