Según el Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL) 2023, a 15 años de la implementación de la Ley N° 18.381 de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Uruguay, los organismos del Estado presentan un bajo nivel de cumplimiento de esta normativa. El índice elaborado por la ONG Cainfo revela que el promedio de cumplimiento es de apenas 35,58%, mostrando una tendencia decreciente y consolidando el peor resultado desde la creación del índice hace diez años.
De los 271 organismos relevados, solo el 2,95% cumple con un alto nivel de la normativa, publicando más del 80% de la información requerida. En contraste, el 61,99% de los sujetos obligados cumplen con menos de la mitad de las exigencias de publicación de datos. Los organismos encargados del control de la transparencia estatal y la lucha contra la corrupción presentan niveles insatisfactorios de cumplimiento, al igual que los municipios, organismos estatales del tercer nivel de gobierno.
A pesar de que la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra vigente desde 2008, promoviendo la transparencia en todos los organismos públicos, estatales y no estatales, el incumplimiento persiste. El índice refleja un comportamiento oscilante a lo largo de los años, sin un avance significativo en los niveles de transparencia, según se desprende del informe.
La falta de transparencia abarca diversas categorías de información, desde la ausencia de balances financieros hasta la falta de formas de contacto y horarios de atención al público. La plataforma Gub.uy, diseñada para facilitar el acceso a la información, no ha mejorado la situación y, en algunos casos, ha empeorado la calidad de la información disponible.
En términos de participación ciudadana, gobierno abierto y atención a necesidades de grupos específicos, la mayoría de los organismos no cumple con las recomendaciones internacionales.
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