Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Ielsur alerta contra posible producción policial de “bases de datos paralelos sin ningún control estatal”
12/11/2020
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Entrevistado en InterCambio el abogado penalista Martín Fernández, de Ielsur, advirtió que “el discurso de seguridad y autoridad lo único que hace es invertir el principio de inocencia”. “Estamos en un Estado de Derecho”. 

Fernández se refirió primero al uso policial en Punta Rubia el pasado lunes del recurso de obligar a los vecinos a firmar una suerte de permiso para realizar “allanamientos voluntarios”. Esto “es un contrasentido porque la idea del allanamiento”, al ser un procedimiento invasivo, requiere de “una orden judicial”. Recordó que “los allanamientos, luego de la detención y de la privación de libertad, son las medidas más violentas del sistema penal, entonces la racionalidad con la que se utilizan” es un capítulo fundamental para evitar atropellos. “Parecería ser que no hay lugar en esta situación”. 

“Este discurso de seguridad y de autoridad y de retórica de fortalecimiento de la autoridad, lo único que hace es invertir el principio de inocencia. Y nosotros estamos en un Estado de Derecho y el principio de inocencia significa que el Estado, para intervenir penalmente contra nosotros, debe demostrar que nosotros estamos haciendo algo y no a la inversa”, recordó.

Ejemplificó con “la vecina de Punta Rubia” a quien le dijeron que “si no dejaba entrar a los oficiales de Policía era porque ocultaba algo. El peligro de naturalizar esa manera de accionar de la Policía es tremendo, porque justamente no estamos en un Estado policíaco sino en un Estado de Derecho”, donde éste “tiene que probar que yo estoy haciendo algo”. Y lo contrario a esto implica “una inversión del principio de inocencia”, alertó. 

El académico recordó que “las garantías del Estado de Derecho le costaron la vida a mucha gente. Entonces naturalizar estos discursos” al asumir que “´no tengo nada que ocultar´” o “´por qué me va a preocupar que la Policía entre a mi casa´”, facilita y estimula “un decaimiento de las garantías y de los derechos. Eso hay que sostenerlo, no hay que dejarlo pasar así nomás”.

“¿Cuál fue el objetivo de esta intervención policial? No queda claro y no hay ningún resultado”, algo que fue comprobado en Chile para el caso del “control preventivo de identidad”, cuyo resultado “era nulo y lo único que hacía era ambientar escenarios de arbitrariedad, violaciones a los Derechos Humanos y situaciones que no repercutían en términos de eficacia para la seguridad pública”. “¿Cuál es, en términos de eficacia, de investigación o de mejora de la seguridad pública, el operativo que se realizó sobre Punta Rubia o alguna de las otras intervenciones que se generaron? Ninguna (…) entonces estas actuaciones no reportan ninguna mejoría en nada”, recalcó.

El entrevistado habló después de la práctica policial de fotografiar los documentos de identidad, como en Punta Rubia y también en Salto. “Todos los registros que se hagan deben quedar debidamente documentados e informados” porque “no sabemos si esa actuaciones van a ser incorporadas formalmente a una investigación o no que lleve adelante la Fiscalía. Todos esos registros parecerían estar fuera de la lógica de alguna investigación, porque no se sabe qué delitos se están investigando. ¿Cuál sería el delito habilitante para que la Policía hiciera ese operativo? No parecería haber ninguno”, ni en el balneario ni en el control a militantes sindicales salteños.

“De ninguna manera habilita a que la Policía, de por sí”, ande “registrando en celulares que no sabemos si van a ir a parar a alguna investigación formal, lo que podría estar generando unas bases de datos paralelos que no tienen ningún control estatal. Y el peligro de esas actividades es alto. ¿Por qué se podrían estar generando registros paralelos?”, reflexionó Fernández.

Luego abordó la detención de una mujer brasileña con sus niños en Punta Rubia y el emplazamiento a esta familia para que culmine el trámite de documentación bajo amenaza de ser expulsada del país al cabo de 10 días.  “La falta de documentación, de por sí, no es un delito migratorio que habilite a nada, ni a ninguna intervención” policial, tal como “estar en una situación de irregularidad con los papeles de ninguna manera habilita a decir ´inmediatamente te vas de acá´”, remarcó el experto en Derecho. 

“En la medida en que no nos demos cuenta de que la intervención de la Policía” y “del sistema penal tiene que ser (…) más racional, más acotada, vamos a seguir generando situaciones como ésta. ¿Por qué a estos niños se los llevó a una seccional y se los tuvo?”, inquirió.

“El contacto de la Policía con la población tiene que estar guiado por un criterio de racionalidad, de progresividad, no puede ser que todo signifique ´te llevo detenido´, ´si no me mostrás es porque estás en algo malo´. El principio es exactamente otro (…) este avance (…) policial es preocupante y no de ahora”, aunque ahora “encuentra un punto muy alto en materia de legislación con la Ley de Urgente Consideración. Es un proceso que viene de hace mucho tiempo”.