¿Hay garantías para evitar el abuso policial?
05/08/2020
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Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.

El 30 de junio en el cruce de José Luis Osorio y Luis Lamas, en el barrio Pocitos, dos policías detuvieron a un hombre que estaba intentando robar un auto. Según la declaración de los policías, el sujeto resistió el arresto con violencia por lo que fue reducido con el uso de una picana eléctrica.

Ambos funcionarios fueron imputados por abuso de funciones con arresto domiciliario por el plazo de 150 días.

El jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruíz, dijo a La Diaria que el uso de picanas no se encuentra prohibido, argumentando en ese sentido que las mismas son objeto de venta pública.

En la misma línea, el ministro del Interior Jorge Larrañaga, señaló que el uso de la picana no es parte del instrumental policial, pero “no está prohibido”.
“No puedo saber exactamente qué tiene o qué porta cada uno de los 30 mil policías” argumentó Larrañaga.

El artículo 165 de la Ley de Procedimiento Policial establece que el uso de equipamiento neutralizante no letal como pueden ser las picanas o stun guns está autorizado “con función de disuasión, defensa y protección” para el personal policial “en aquellos casos o situaciones en los que se requiera proceder a neutralizar a un individuo, ya sea por su peligrosidad o resistencia, a fin de evitar un daño propio o ajeno”. Sin embargo, aclara que su uso debe ser con “previa capacitación”, y en la misma línea, el artículo 162 indica que está prohibido “el uso de cualquier otra arma que no esté reglamentada o autorizada por el comando policial respectivo, aun en los casos que su venta sea libre al público”.

Según Martín Fernández, abogado grado 2 de derecho penal de la Universidad de la República, el abuso policial se enmarca dentro de la violencia institucional, cosa que debe prevenir y combatir el Estado.

Por otra parte, Fernández detalló una serie de delitos que aparecen en la legislación y que van desde el abuso de funciones hasta la tortura.

Sobre la forma de prevenir el abuso de funciones, Fernández resaltó que tiene que haber un marco legal e institucional adecuado que, junto con el conocimiento de sus derechos por parte de la ciudadanía, permita llevar adelante de buena forma las diferentes denuncias.

Debido a que este caso está judicializado, la Institución Nacional de Derechos Humanos está inhibida sobre este asunto.

Wilder Tayler, abogado e integrante de la Institución (INDDHH), nos detalló una serie de garantías fundamentales que las instituciones y las personas deben poner en marcha para que una detención se de con el procedimiento correspondiente.

Luego, Tayler afirmó que lo realmente importante en estos casos es la condena de la tortura en cualquier ámbito por parte de las autoridades.

Al mismo tiempo, sostuvo que la policía debe ser respaldad en su trabajo, pero que tiene que recibir un claro mensaje por parte de las autoridades, cosa que no ve en este caso.

Por otra parte, Tayler cree que es totalmente necesario que se de una investigación pública y transparente, donde de manera independiente e imparcial, se pudiera llegar a una conclusión real sobre lo sucedido.

Por últmo Tayler dijo que “los rebenques y los ganchos de carnicero también están permitidos en el mercado” pero eso no quiere decir que son elementos a utilizarse en diferentes procedimientos de detención.