Los firmantes mencionan arbitrariedades, parcialidad del tribunal y falta de pruebas directas.
El Grupo de Puebla, un foro político integrado por representantes de la izquierda latinoamericana y europea, y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) emitieron una declaración conjunta en la que denuncian un posible perjuicio al derecho a la defensa y a la participación política de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ante la posibilidad de que se confirme una filtración de una sentencia condenatoria en su contra en la denominada ‘Causa Vialidad’.
Según el documento, dicha causa fue impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) con fines políticos. Los firmantes afirman que el proceso judicial estaría afectado por arbitrariedades, parcialidad del tribunal y falta de pruebas directas. También se señala una presunta violación al principio constitucional de que no se puede juzgar el mismo hechos dos veces, la existencia de vínculos entre funcionarios judiciales y el expresidente Macri, así como el uso de peritajes forzados.
La declaración cuestiona la utilización de teorías jurídicas como la imputación objetiva para atribuir responsabilidades a Fernández de Kirchner por decisiones adoptadas por subordinados jerárquicos. En ese sentido, señalan que “esta decisión supuso una peligrosa tendencia hacia el derecho penal de autor y, de consumarse, ahora un daño irreparable para la persona afectada y el sistema democrático”.
Además, advierten que una eventual confirmación de la sentencia afectaría la separación de poderes y el derecho de la exmandataria a postularse como candidata en las próximas elecciones legislativas, como anunció.
A juicio de los firmantes, el objetivo sería excluirla de la vida política, por “miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina”. Esto, según afirman, busca “el disciplinamiento de los y las militantes y funcionarios/as que promuevan una mejora de la calidad de vida de los argentinos” y, eventualmente, puede “determinar una alteración grave del equilibrio entre poderes y afectación de la democracia argentina”.
El Grupo de Puebla y CLAJUD llaman a la comunidad internacional a seguir de cerca la situación y denuncian “una sospechosa conexión entre parte del Poder Judicial y parte de las corporaciones mediáticas que atacan la democracia y aniquilan la posibilidad de Justicia Social”.
Entre los firmantes de la declaración se encuentran los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Alberto Fernández (Argentina) y Ernesto Samper (Colombia), así como juristas, parlamentarios, ministros y referentes políticos de distintos países de América Latina y Europa.
Sobre la 'Causa Vialidad'
La denominada 'Causa Vialidad' es una investigación judicial que analiza presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el que Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de la Nación y previamente senadora. Se la acusa de haber liderado una asociación ilícita con el fin de direccionar contratos de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez, quien actualmente está condenado a 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero.
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