Esta suspensión estará vigente desde el 1º de julio hasta el 30 de agosto, tiempo en el que se instalará una mesa de diálogo.
Este viernes, el gobierno y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) firmaron en Torre Ejecutiva el acuerdo que suspende por 60 días, a partir del 1º de julio, la aplicación del régimen de licencias médicas a funcionarios públicos, con el objetivo de instalar una mesa de negociación.
Así lo explicó en rueda de prensa el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien sostuvo que “ningún trabajador o trabajadora tiene que trabajar enfermo”, pero reconoció que “hay que intentar evitar que haya abusos con respecto a esto [las licencias por enfermedad]”.
Esta suspensión estará vigente hasta el 30 de agosto, tiempo en el que —indicó Sánchez—, por un lado, “el movimiento sindical se ha comprometido a no iniciar demandas en el marco de la OIT” y por el otro, el Poder Ejecutivo se comprometió “a poner en suspenso la aplicación del decreto con respecto a las licencias médicas”.
Por su parte, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, afirmó en rueda de prensa que este acuerdo “es un paso fundamental”, ya que van a “negociar en igualdad de condiciones”.
Asimismo, sostuvo que plantearán “la derogación de esta ley, pero en el marco de una negociación”, en la que, dependiendo de la postura del Poder Ejecutivo, habrá que “intentar llegar a algún tipo de acuerdo”.
Si bien López reconoció que “se han detectado licencias médicas que no correspondían”, aseguró que “no hay un problema de ausentismo que genere una situación de alarma”.
La reforma en el régimen de licencias, que derivó en un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue llevada adelante por el gobierno de Luis Lacalle Pou y establece que los trabajadores estatales que se certifiquen recibirán su sueldo completo hasta por nueve días hábiles al año. A partir del décimo día de certificación tienen derecho a percibir el 75 % de sus remuneraciones por parte del organismo que los emplee.
Esta normativa cuenta con algunas excepciones, como la certificación médica por motivos de riesgo durante el embarazo o la incapacidad temporal por un accidente laboral reconocido, entre otras.
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