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La nueva ola

Gobierno electo pidió información sobre proyecto Arazatí a la Presidencia

Robert Bouvier y Gerardo Amarilla durante la interpelacion por el proyecto Arazatí en la Camara de Representantes del Palacio Legislativo. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Robert Bouvier y Gerardo Amarilla durante la interpelacion por el proyecto Arazatí en la Camara de Representantes del Palacio Legislativo. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Esta semana fue otorgada la autorización ambiental previa al Proyecto Arazatí, cuyo objeto es desalinizar aguas provenientes del Río de la Plata para abastecer al sistema metropolitano de agua corriente. Pero el gobierno electo mantiene su “visión crítica” y realizó un pedido a la Presidencia para que le informe sobre los hechos.

Si bien es el gobierno saliente quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones hasta el 28 de febrero de 2025, el gobierno entrante quiere conocer los alcances de la autorización ambiental previa otorgada al Proyecto Arazatí.

Así lo explicó el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en diálogo con El País este martes 10.

También agregó que el gobierno electo, encabezado por Yamandú Orsi, mantiene su “visión crítica” sobre este proyecto.

Esta es una iniciativa criticada por académicos, productores, vecinos y la oposición.

El Gobierno afirmó que “no se generarán impactos ambientales inadmisibles” y aprobó la iniciativa, informó el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, en una escueta conferencia de prensa.

Las principales críticas no demoraron en llegar. Como la del exdirectivo de OSE, Edgardo Ortuño, que calificó en Nada Que Perder (lunes a viernes desde las 08:00h. por M24) como “contradictoria” la posición del Gobierno actual.

Además, recordó la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que reconoció las críticas científicas al proyecto y ordenó la incorporación de informes técnicos, como los realizados por el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería.

De cara al 2025, Ortuño consideró que el próximo gobierno va a tener que evaluar el estado del proyecto en función de los intereses del país y la estrategia de política pública de aguas.

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