Gil Iribarne advirtió por “intereses” vinculados al lavado de activos: “financiamiento de los partidos políticos es un gran agujero negro”
Uruguay es terreno propicio para lavar dinero del crimen organizado por una combinación de miopía de una parte de su sistema político y de intereses no declarados cuyos beneficiarios miran hacia otro lado porque sus actividades ganan con la opacidad y la falta de controles que debería realizar el Estado, advirtió el exdirector de la Senaclaft y expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, en Nada Que Perder.
Gil recordó que “en las elecciones de 2019, pese a que Uruguay ya había tenido un trabajo importante en materia de combate al lavado, el tema prácticamente no estuvo en los programas, y en particular en los programas de la coalición (…) no aparece la palabra lavado”.
Por el contrario, “en el programa del Frente Amplio sí aparecía alguna mención”, matizó, destacando después que “el Frente tenía más experiencia y lo tenía más ubicado como un riesgo fuerte”.
Señaló que en aquella omisión “hay varias cosas que influyen, una es la percepción de riesgo: si yo no veo el problema, difícilmente plantee algo para solucionarlo porque no veo el problema”, graficó.
Explicó que “hay gente que no ve que el lavado de activos está relacionado no solo con la plata de los delincuentes sino con toda la estructura delictiva y con todo lo que pasa en la sociedad y con la violencia y con la sangre y con los asesinatos, no lo ve”, recalcó.
“Entonces, como no lo ve, está ahí, ‘está bien’; ahora, en esta elección sí lo ponemos, aunque sea como un titular, ‘sabemos que la gente lo ha sentido y que hay preocupación’ y que hay actores que sí lo agitan como un problema serio; creo que eso es un componente”.
Asimismo, advirtió por la existencia de “otro componente que hay que mencionar” y es que “de alguna manera en esto también juegan intereses: hay una parte de la estructura delictiva, es esa parte de nivel alto, de asesoramientos, de inversiones, de mucha plata, de mucha ganancia para algunos, ‘entonces no me interesa verlo’”.
“Y está ese riesgo siempre latente, que está presente en Uruguay, no en el sentido de que se haya demostrado una relación directa del crimen organizado con tal sector político o con el Parlamento, pero sí reconociendo dos cosas: ha pasado en todos lados, entonces no hay ningún elemento que nos permita decir ‘en Uruguay no va a pasar’, y segundo, tenemos muchas debilidades”, que describió:
“Específicamente, el tema financiamiento de los partidos políticos es un gran agujero negro, donde ojalá no pase nada, pero perfectamente puede pasar y cada día estamos más cerca de que pueda pasar si no hacemos lo que hay que hacer” ya que “tenemos dificultades legales, carencias institucionales, donde se supone que hay organismos que actúan y vos sabés que no actúan, eso aun con la nueva ley”, avisó.
“En los papeles todo esto queda muy lindo, es fácil resolverlo en los papeles” pero “después, en la cancha, ¿qué hace la Corte Electoral, qué capacidad tiene, qué mentalidad tiene, qué técnicos tiene, qué plata tiene? Porque si querés hacer cosas precisás todo eso, primero es cabeza y después elementos, instrumentos, herramientas”, apuntó.
“¿Qué pasa con la Senaclaft? Los partidos políticos son hoy sujetos obligados, tienen ciertas responsabilidades, la Senaclaft les pidió que nombren a un responsable” pero al mismo tiempo “tenemos una ley por la que un partido político un día es sujeto obligado y otro día no, porque cambia según el patrimonio del partido; y lo que está claro es que no hay una supervisión efectiva, que vos digas ‘los partidos están siendo controlados por la Senaclaft en este plano”, cuestionó.
“Y en el plano de la corrupción, en el plano de la Jutep, tiene un montón de responsabilidades donde decís ‘no pasa nada’” y en este sentido puso “el ejemplo del senador (Juan) Sartori”, quien incumple todavía con entregar la información que la ley le exige, “el Estado tiene la obligación de pedirle explicaciones y nadie lo ha hecho”.