Fiscalía y Juzgado de San José intermedian en conflicto laboral para evitar represión a una movilización de trabajadores
07/08/2020
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Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos.

El sindicato de la empresa de transporte COTMI Ltda. fue convocado días atrás a una audiencia en el Juzgado Penal de San José de Mayo, donde la responsable de la sede y el Fiscal de turno, pusieron en conocimiento a los trabajadores, a la empresa y a la intendencia, que las autoridades policiales del departamento notificaron a la Sede Penal que un grupo de las fuerzas de choque se dirigían a reprimir las medidas sindicales por el retraso de los turnos.

Esta medida que preveía implementar la Policía se enmarcaba en la Ley de Urgente Consideración (LUC) interpretando que los atrasos de las salidas de los ómnibus es algo ilegítimo y que, por lo tanto, pueden reprimirse sin requerir autorización judicial.
INFO24 consultó al diputado del Frente Amplio por San José, Nicolás Mesa, acerca de la problemática del transporte en ese departamento y cómo se gestó esa particular situación.

El legislador explicó que en el departamento maragato hace tiempo existían dificultades con el transporte por la falta de frecuencias, cuando se retomaron las actividades de forma paulatina tras la emergencia sanitaria. Posteriormente surgió el conflicto laboral de la empresa CITA, que duró varios días y ahora hay un conflicto con la empresa COTMI.

«Es un conflicto laboral por temas de envíos al seguro de paro aunque están cubriendo el 95% de las frecuencias según nos contaban los propios trabajadores con los que estuvimos reunidos en estos días. Ha habido instancias de negociación en el ministerio de Trabajo, pero no han sido fructíferas» indicó Mesa.

Días atrás los trabajadores tomaron una serie de medidas que consisten en atrasar la salida de los coches, aproximadamente por 10 minutos en cada turno. Al iniciar la medida pacífica en la terminal de ómnibus de San José, concurrió la Policía a pedir datos de los trabajadores y a manifestarles de forma verbal que esta acción no se podía realizar ya que lo prohibían los artículos que habían sido aprobados en la LUC.

«Hasta que hubo una información, por lo que cuentan los trabajadores, que se informaba a través de Fiscalía que iban a haber fuerzas de choque para reprimir el accionar de los trabajadores, entendiendo que por los artículos votados por la LUC tenía la potestad de disuadir. En ese momento, desde el juzgado se cita a los trabajadores, a la intendencia y a la Policía par intermediar y evitar esa situación violenta», informó Mesa.

La Fiscalía y el juzgado son los que realizan la mediación para evitar la represión contra la movilización que llevaban adelante los trabajadores de la empresa COTMI.

El legislador frenteamplista expresó que no existe una definición jurídica de piquete en Uruguay y que el término es traído de Argentina.

«¿Cuál es el último piquete que recordábamos en el departamento de San José? No había. No hay. Es una realidad. No existe. Se estaba legislando de forma urgente sobre una realidad que no existía. Queda de forma arbitraria para que la Policía pueda definir qué es lo que considera un piquete o no. En nuestro departamento se realizan movilizaciones los 8 de marzo, los 20 de mayo.

Últimamente ha habido movilizaciones de familias que viven en zonas inundables reclamando algún tipo de solución. Este tipo de movilizaciones perfectamente pueden ser consideradas piquetes tal cual está aprobado en la LUC y ahí radicaba nuestra preocupación», concluyó el diputado.