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Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Fenapes señala que retiro del Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho a la Educación es la línea histórica del Herrerismo
21/03/2021
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La suspensión por el gobierno de la obligatoriedad de asistencia a centros educativos es inconstitucional, formaliza el retiro del Estado de una de sus principales responsabilidades, golpea aún más a los más pobres de nuestra sociedad y empuja a las familias a asumir de hecho la privatización de la educación de sus hijos, denunció en INFO24 el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, José Olivera.

Olivera señaló objetivos de corto y largo plazo en el anuncio del gobierno. En el corto plazo, “el anuncio del gobierno, aparte de ser inconstitucional, viene a esconder el retiro del Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, esconde el brutal recorte presupuestal que está complejizando aún más las condiciones concretas para desarrollar el sistema educativo en este marco de pandemia, así como también la falta de capacidad de gestión de la actual administración, que no supo resolver en tiempo y en forma un conjunto de temas que debían dar garantías y certezas para que los estudiantes pudieran concurrir a los centros educativos”.

“Entonces se corta, con una resolución política, de dudosa base jurídica, diciendo ́no hay más obligatoriedad de aquí a Turismo ́, y esto golpea fuertemente a los sectores más vulnerables y a los más pobres. Hay ahí cierto hilo de coherencia con la historia, del Herrerismo particularmente, el sector que vertebra al gobierno, y donde aquella máxima de Luis Alberto de Herrera ́si seguimos aplicando políticas batllistas hasta el hijo del zapatero va a ser bachiller ́, este retiro del Estado de su responsabilidad de brindar y garantizar el derecho a la Educación (…) va en esa línea”, apuntó.

“Y en el largo plazo, lo que se intenta plasmar es que la Educación es una responsabilidad de la familia, que tendrán que resolver cómo hacen para que efectivamente las futuras generaciones se eduquen, y allí las familias van a ir a un lugar que no es el Estado, es el mercado, y verán si podrán pagar, otros se endeudarán, y otros vendrán a pedir y a reclamarle al Estado un subsidio y aparecerán los váucher como mágica solución al problema”.

Ésta es “una idea que el actual ministro de Educación viene trabajando desde los años 90, porque representa objetivamente los intereses del sector corporativo privado. Por eso fue el mentor y el promotor en esta instancia, una vez más, de esta idea de terminar con la obligatoriedad”, disparó.

En todo eso “hay una visión ideológica. A pesar de que el gobierno dice que no hace política, hace política con una concepción ideológica determinada. Esta idea de que no hay sociedad, hay individuos, esta idea de que el Estado es el problema y no la solución, y que la solución viene por el lado del mercado, implica una visión ideológica propia del neoliberalismo, y que en la Ley de Urgente Consideración (LUC) se consagra claramente”.

“Por eso insistimos en que en este proceso de la LUC se va a un retiro paulatino del Estado de su responsabilidad de garantizar derechos, se va en un proceso de desmantelamiento del sistema educativo público (…) se va avanzando a pasos agigantados en mercantilizar la educación, ya no conceptualizada como derecho” y se va “promoviendo su privatización”. “Por eso promovemos que se firme para llevar a referéndum estos 135 artículos de la LUC, de los cuales hay 34 vinculados (…) a la educación”.



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