El proyecto regula la expansión de los supermercados de grandes superficies a nivel nacional y departamental y establece nuevas condiciones con los proveedores.
La bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) presentó en la Comisión de Hacienda un proyecto de ley que limita la expansión de las grandes cadenas de supermercados. El texto incluye un tope a la cantidad de establecimientos comerciales, una reducción del plazo de pago a proveedores y una vía anónima para denuncias.
El informe de Lucas Labandeira para Nada que perder indica que la iniciativa parlamentaria propone que ningún grupo económico pueda ser titular o arrendatario de más de 50 establecimientos comerciales en todo el país dedicados a la venta de alimentos e higiene personal de uso doméstico. El máximo de establecimientos a nivel departamental para un mismo grupo es de 20 comercios, dispone el proyecto.
En caso de que un grupo económico gestione entre todos sus comercios una superficie acumulada de 4.000 metros cuadrados en un mismo departamento, la propuesta establece que un nuevo emprendimiento o adquisición de local comercial deberá pasar por la aprobación de una “comisión departamental de protección de las pymes comercial y artesanal”.
Como último punto, el proyecto otorga potestades a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para clausurar a las firmas que no cumplan con esta ley. Además, el texto plantea una vía anónima para la presentación de denuncias.
El presidente de Cambadu, Daniel Fernández, recordó a Nada que perder que una regulación a las grandes superficies es una “vieja aspiración” de los almaceneros y baristas. Indicó que las cadenas de supermercados manejan entre el 30% y el 35% de la venta minorista de alimentos, mientras que el comercio de cercanía y los autoservicios barriales se reparten el resto. “Tienen un poder tremendo y eso que Uruguay es el país de América Latina donde está más controlado”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, Pablo Villar, criticó la posibilidad que las cadenas grandes tienen para instalar un “monopsonio”, una relación asimétrica que les permite establecer de forma unilateral las condiciones con los proveedores, sobre todo los nacionales.
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