Hay registros de contrataciones por 29 millones de dólares entre el Estado y A Ganar, fundación cercana al Partido Nacional. El FA quiere conocer datos de las intendencias.
El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta estudia todos los pedidos de informes a distintos organismos para conocer cuáles son los contratos del Estado con la Fundación A Ganar, cercana al Partido Nacional. Solo por contrataciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y en la Agencia de Compras Estatales hay registros por 29 millones de dólares.
En el Mides, las contrataciones ascienden a 16,5 millones de dólares durante el gobierno de Lacalle Pou. La relación entre el ministerio y A Ganar comenzaron en pandemia, cuando fueron destinados 61 millones de pesos en la atención de la emergencia sanitaria, pagados con el Fondo Covid.
En diciembre de 2024 se registró una compra directa por 3,6 millones de dólares para la gestión de 230 cupos en hogares y residenciales de larga estadía, informó El Observador en la jornada. El contrato con A Ganar para la gestión de los refugios continúa vigente por decisión del presidente Yamandú Orsi y el ministro Gonzalo Civila, pero en un comunicado las autoridades subrayaron que la secretaría de Estado revisará la “pertinencia de esta contratación y sus prestaciones”.
Por parte del MTOP, hay cinco contratos con A Ganar, cuatro por licitaciones abreviadas y una mediante el mecanismo de la compra por excepción. En total, el ministerio pagó 774.000 dólares en los cinco años de gobierno de Lacalle Pou, la mayoría para la contratación de personal destinado a la Dirección de Arquitectura.
En la Secretaría del Deporte hay 29 contratos por 8 millones de dólares, según El País. En los registros de la Agencia de Compras se observan otros 2,6 millones de dólares para el Mides, casi 500.000 dólares contratados por ANEP y 160.000 dólares que no figuran en los reportes de las secretarías de Estado.
El vínculo de las intendencias con la Fundación A Ganar
Para el senador Brenta la respuesta de la Intendencia de Paysandú sobre los vínculos con la fundación “es una tomadura de pelo”, según declaró a El Observador. Trabajan 426 personas por el convenio marco suscrito al inicio del período de Nicolás Olivera, pero el reporte no informa el monto de los contratos.
Todos los contratos fueron observados por el Tribunal de Cuentas, aseguró el legislador. Por otro lado, la Justicia condenó a la Intendencia de Paysandú al pago de cuatro unidades reajustables por 45 días, debido a que las autoridades no respondieron las consultas de los exjerarcas departamentales en los gobiernos sanduceros del FA, Mario Díaz y Federico Álvarez Petraglia.
Para el caso de Rocha, el diputado del FA Gabriel Tinaglini elevó a consideración de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) el vínculo entre la subdirectora de la Fundación, Verónica Martínez, hermana del secretario personal de Lacalle Pou y de Valentín Martínez Vicentino, secretario general de la intendencia rochense. Pero este extremo fue descartado por la Jutep.
Los gobiernos departamentales de Paysandú y Rocha no son los únicos que contrataron a esta organización y el FA buscará datos en las intendencias de Maldonado y Durazno.
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