Con el cambio de categoría de suelo, Ezquerra vendió por 210.000 dólares un predio valorado originalmente en 43.000 dólares, informó Camaño.
El fiscal de Durazno Diego Chávez inició la investigación al intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, para analizar si incurrió en el delito de conjunción de interés público y privado debido a la recategorización de un padrón de su propiedad luego vendido a una empresa extranjera.
La denuncia fue presentada por los periodistas de radio La Kandela de Tacuarembó en agosto de 2024. El abogado de los periodistas, Diego Camaño, explicó a Nada que perder, por M24, que “el intendente estaba haciendo un negocio con un padrón suyo” y, al mismo tiempo, “estaba presentando una nota” para que el proyecto empresarial “se declare de interés municipal” y recategorizar el suelo donde se iba a instalar. Según el abogado, Ezquerra estuvo “de los dos lados del mostrador”.
El padrón de Ezquerra “no se encuentra dentro de la zona de desarrollo industrial que el propio intendente había establecido en 2013”, sino en “una zona de chacras”, añadió Camaño.
Para el abogado, “llama la atención” porque “habiendo una zona designada para instalarse” decide una ubicación distinta “donde justamente está el terreno del intendente”. Otro aspecto que genera “atención” es “el hecho de que el propio intendente nunca haya informado de esta circunstancia que lo vinculaba con la empresa”.
En ese sentido, Camaño aseguró que la ley obliga a los funcionarios públicos a “informar de cualquier circunstancia que lo vincule con un acto o contrato en el cual deba intervenir”. Además, el valor del padrón declarado era de 43.000 dólares y, debido a la recategorización, “lo termina vendiendo en 210.000 dólares, a 15.000 dólares la hectárea, en un terreno que es un campo pelado”, sintetizó. El abogado informó que la empresa brasileña también adquirió un padrón contiguo al de Ezquerra por 10.000 dólares por hectárea.
La demora en el trámite de este caso se debió a que “los fiscales de Tacuarembó fueron excusándose por distintas razones, básicamente por ‘decoro’”, indicó Camaño. “Como ya no había fiscales de Tacuarembó que estuvieran en condiciones de asumir el caso, pasó a la Fiscalía de Durazno. Por otra parte, el abogado sostuvo que la empresa decidió instalarse en otro departamento “cuando la situación tomó estado público”.
Para finalizar, Camaño recordó que la gestión de Ezquerra tiene “muchísimos cuestionamientos”, tanto de la oposición como dentro de su partido y también de la población en general. El medio de comunicación La Kandela se mantuvo “informando e investigando” y, finalmente, “presentando la denuncia que nadie se animó a presentar”, destacó.
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