Dijo que no tiene claro si la entrega del pasaporte a Marset responde a un “acto de corrupción explícita o una falta de atención a los ribetes del caso”.
Este jueves Nada Que Perder de M24 dialogó con Juan Pablo Luna, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Carolina del Norte y profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Junto al politólogo Andreas Feldman escribieron “Política criminal y desarrollo fallido en la América Latina contemporánea”, una investigación en la que resolvieron analizar el desarrollo del crimen organizado y el narcotráfico en Paraguay, Perú, Chile y Uruguay.
El analista abordó el caso de la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset, incorporado en la publicación de su nuevo libro, porque “ilustra cuestiones que pensamos poco cuando tratamos de mirar estos mercados y cómo funcionan”.
“El caso Marset es interesante porque muestra una red de operación en la que está involucrado Marset, donde entran el gobierno paraguayo, figuras claves de la política paraguaya como Cartes y la estructura que Cartes maneja, entran las bandas brasileras en juego, entran empresas chilenas legales que tienen negocio con los socios de Marset en Paraguay, negocios eventualmente legales pero que son parte de la estructura del lavado que funcionan en la estructura de Horacio Cartes y esa es la razón por la cual abrimos el libro con lo de Marset”, explicó.
Dijo que no tiene claro si la entrega del pasaporte a Marset responde a un “acto de corrupción explícita o una falta de atención a los ribetes del caso”.
“En ambas hipótesis esto debería hacernos pensar mucho más claramente y a estar mucho más atentos respecto a la posibilidad y facilidad que estructuras que articulan mercados ilegales pueden ponerle condiciones o generar decisiones por parte de los políticos involucrados en estos vínculos”, alertó.
También calificó de “desprolijo” el procedimiento por el cual se le entregó el pasaporte a Marset y “falta de conciencia” sobre las implicancias del hecho.
“El trasfondo de los chats que han circulado públicamente de intercambio entre autoridades del gobierno acerca de este caso, son preocupantes y reflejan una precariedad de la cual quienes están interesados en mantener lo que se supone son ventajas competitivas del Uruguay como la calidad de sus políticas debieran estar bastante preocupados”, sintetizó.
Proyecto normativo sobre financiamiento de partidos políticos y luces rojas
Respecto a si ley aprobada este miércoles puede verse como un escudo ante la injerencias del narcotráfico en el sistema político, Luna entendió que es un “paso adelante” y que el caso Marset provocó que avanzara.
“Estamos viendo en términos regionales, Estados y sistemas políticos que están siendo desbordados por la creciente influencia de estos mercados ilegales y su accionar y condicionamiento a la política. Esto es un avance, pero no me quedaría tranquilo con esto. Lo fundamental para Uruguay es tomar conciencia sobre el rol de estos mercados y cómo funciona la economía y la sociedad uruguaya sin que nos hayamos dado cuenta. El mejor crimen organizado es el que no se ve, el que opera en los intersticios en las operaciones económicas y legales de alto nivel y Uruguay se debe a una toma de conciencia de lo que esto implica”, agregó.
En ese sentido, advirtió sobre el avance de la violencia del narcotráfico y mostró como ejemplo a Ecuador que seis años atrás era un país pacífico y que al día de hoy es uno de los países con mayor homicidios en la región.
“En México, en la última elección, hay 90 candidatos a diputados asesinados por las bandas asociadas al crimen organizado”, acotó.
En tanto, Luna habló sobre la forma de frenar la violencia del narcotráfico como en Argentina y Brasil que la Policía acordó retirarse de determinadas localidades a cambio de paz.
“Las estrategias de mano dura que son muy efectivas en términos electorales, terminan escalando la violencia y la corrupción. Cuando los gobiernos se van fuerte contra el crimen organizado, usualmente lo que se ha visto como en México, Colombia, Brasil, esto por un lado escala la violencia, genera un espiral de homicidios y por otro lado sube el precio de las coimas y hace que los agentes del Estado tengan más incentivos para corromperse porque pueden recibir más por parte de las bandas. Ante eso hay países que han logrado pacificar territorios a costa de ceder soberanía y liderar territorios para las bandas y ese es el caso de Argentina, excepto la situación en Rosario y en Santa Fe donde hay un espiral de violencia bastante descontrolado, pero si uno mira Buenos Aires lo que uno mira es una coordinación policial del mercado ilegal, con mucha corrupción y mucha penetración de la política por parte de estas estructuras criminales”, narró.
“En el caso de Brasil, tanto las bandas carcelarias como las milicias, hoy controlan el 40% del territorio de Río de Janeiro y cogobiernan con el Estado ese territorio. Esto no es una elección normativa, nadie quiere llegar a este punto y nadie argumenta que es lo que hay que hacer, pero lo que estamos viendo en la región es que en casos como ese hay una decisión implícita por parte del Estado y la autoridad política de dejar que gobiernen el territorio a costa de pacificar esos lugares donde no quieren hacer el esfuerzo de gobernar y generar Estado”, prosiguió.
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