"Nos resulta dudosa la liberación del segundo pago, pero lo peor es que hay que hacer un tercer pago que ya significaría el 30% [del total], el 15 de mayo aproximadamente", señaló la ministra Sandra Lazo.
La ministra Defensa, Sandra Lazo, confirmó en Nada que perder que la cartera iniciará una investigación administrativa para seguir la trazabilidad de la compra directa de dos patrullas oceánicas OPV al astillero español Cardama, durante el gobierno pasado, por casi 100 millones de dólares.
Lazo recordó que, estando en oposición, había observado que el proceso de compra de estas patrullas había sido "desprolijo", por lo que al llegar al ministerio decidió hacer un "seguimiento estricto" de lo sucedido: una compra directa a un astillero que no tenía la experiencia en la fabricación de este tipo de patrullas y cuyo estado financiero era "desalentador", describió Lazo.
Según explicó, el ministerio esperaba ser notificado del segundo pago de 8 millones de dólares al astillero español, concretado el 27 de febrero, pero eso no ocurrió. "No solo no se notificó, sino que se hizo directamente", enfatizó. En ese contexto, Lazo determinó días atrás el arresto a rigor de cuatro jerarcas de la Armada Nacional, entre ellos el excomandante en jefe Jorge Wilson. "No es personal, es vertical, es jerárquico", insistió sobre esa medida.
La ministra entiende que "no se dijo toda la verdad" durante la reunión que mantuvo con el excomandante en jefe el mismo 27 de febrero, en la que se le pidió información sobre esta compra. "Nos resulta dudosa la liberación del segundo pago, pero lo peor es que hay que hacer un tercer pago que ya significaría el 30% [del total], el 15 de mayo aproximadamente", señaló.
En ese marco, el 24 de marzo Lazo conformó un equipo de trabajo para que hiciera un seguimiento de este proceso, un equipo que corroboró su "desprolijidad" -aseguró la ministra- luego de mantener diversas reuniones.
"Hay que instruir una investigación administrativa con la celeridad que implica todo esto", confirmó Lazo. Indicó que esa investigación seguirá la trazabilidad del proceso, desde el comienzo hasta hoy "con todas las garantías".
"Acá no se trata de que no se haga la compra, de que no se obtenga lo que hay que obtener, justamente lo contrario, es obtener lo que necesitamos de forma segura, adecuada y funcional a lo que precisa nuestra fuerza para la custodia de la soberanía", añadió.
Según informó, el contrato seguiría "vigente" aún con esas "desprolijidades", de acuerdo con lo indicado por sus asesores jurídicos. "Somos muy cuidadosos al hablar de este tema, no por nada colocaríamos al Estado uruguayo frente a un litigio", señaló. Sin embargo, avanzó: "es un contrato que nos deja bastante al descubierto".
Por otra parte, al ser consultada por las responsabilidades políticas que podrían existir en torno a esta compra directa puntualizó que, si aún a sabiendas de que el contrato "no era beneficioso para el Estado" se tomó la decisión de seguir adelante, "eso indicaría que puede haber responsabilidades". "No estoy presumiendo nada por eso fuimos [ayer] al Parlamento, para que todos manejemos la misma información y cada ámbito tome las medidas que tenga que tomar", sentenció.
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