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El Viaje

Foto: Pablo Vignali / adhocFotos
En salud privada hay salarios de gerentes y administradores por encima de 1 millón y hasta 2 millones de pesos, denunció la FUS
01/12/2020
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Entrevistado en InterCambio el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, denunció que este sindicato lleva “cuatro meses negociando un nuevo convenio colectivo” con las empresas, pero “no ha habido avances”, de lo que responsabilizan al gobierno y por lo que pararán este viernes 4.

Bermúdez explicó que en estos cuatro meses “la negociación avanza y retrocede, avanza y retrocede”. Ironizó sobre los empresarios del rubro Salud porque “capaz que se tomaron muy en serio lo del presidente de la República de que en algunos casos había que retroceder. No era en éste, no era en la negociación colectiva de los trabajadores de la salud privada, de los que poco menos que nos pintan como  ́Los ángeles de Charlie ́, de los que tienen que estar en la primera línea, de los que incluso en algunos casos lamentablemente han pagado con la propia vida esta situación” pandémica.

“Y sin embargo, en este sector no hay un acuerdo salarial, donde los dos puntos centrales que estamos proponiendo hacen al mantenimiento de los puestos de trabajo, que es fundamental en un sector en el que justamente no puede haber despidos; y al mantenimiento del salario real, porque aquí no estamos hablando del crecimiento del salario real, porque nadie en el Uruguay va a ver crecer su salario, al contrario”, puntualizó el sindicalista.

Los trabajadores de la salud privada reclaman apenas que el poder de compra de sus remuneraciones mensuales “se nos mantenga en un convenio de dos años de duración, cuando además el año que viene la situación de caída del salario real y de caída del empleo va a aumentar, porque aquí se vencen seguros de paro que no se van a renovar. Entonces, en ese escenario, ¿qué busca el Poder Ejecutivo? Tiene un discurso, en varias áreas pero en ésta en particular, muy contradictorio”, cuestionó.

En una reunión con el gobierno y la delegación empresarial “tuvimos que recordar que a nosotros todavía nos estaban debiendo el convenio salarial”, tratándose de “un sector que mueve al año 2.500 millones de dólares”. Y aun así, “nos llaman la atención algunos movimientos: hay instituciones que están pidiendo nuevos fideicomisos, es decir que el Estado, que es todos nosotros, pongamos plata para sostener sus déficits, o para generar nuevas operaciones de crecimiento” económico e institucional. Pero “hay instituciones como el Casmu que tiene 400 trabajadores en el seguro de paro y amenaza tener más, y a cambio de eso va a la Junta Nacional de Salud (Junasa) y solicita un nuevo fideicomiso”, denunció el entrevistado.

Sobre el Casmu y situaciones similares, advirtió que “funciona muy mal, se te cae a pedazos el servicio, esa es la realidad. Los tiempos de espera se han multiplicado, que ya teníamos esperas de hasta casi 12 horas en una emergencia para que te pasen a piso (…) o los 3 meses para que te vea un especialista. Todas esas situaciones se han complejizado como parte de la pandemia y de la carencia de algunas instituciones en particular”, describió.

“En el escenario post pandemia, el gobierno va a tener que discutir con los actores sociales cómo sigue el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque de la forma que hoy está planteado, no sigue” sino que apenas “sigue siendo el mismo gran negocio de antes, con algunos mínimos controles. Yo integro la Junasa y los controles son débiles”, anotó.

“Hay que discutir profundamente, es algo que no veo que nadie discuta, no veo al gobierno y no veo a la oposición dando el debate sobre este tema de la Salud”, especialmente cuando “la pandemia” está determinando todas las dimensiones de la vida cotidiana, empezando por la economía y el trabajo.

“Si hay voluntad política para resolver este convenio, ¿a quién le tienen que decir:  ́esperá, hoy no te toca a vos ́? Es a quienes perciben salarios de entre 400.000 y 600.000 pesos por mes por alguna especialidad médica”, razonó. Agregó “otras variables” como “el pago del acto médico, tema más difícil de discutir que la reforma agraria”, como “tenemos salarios de gerentes y administradores que están por encima de 1 millón de pesos y algunos hasta 2 millones de pesos por mes, que administran plata que no es de ellos”.

Esos ingresos contrastan en la salud privada con los sueldos de “los trabajadores en general: 40.000” y “una auxiliar de enfermería que ingresa hoy a trabajar, con antigüedad cero, gana 28.000 pesos nominales”. Señaló la “contradicción” entre aquellos niveles salariales elevados y el hecho de que “quienes hoy están en la primera línea de confrontación al Covid-19, no son los anestésico-quirúrgicos” sino que son “un médico generalista”, “una auxiliar de enfermería” y “una auxiliar de servicio. Y los médicos generalistas ganan bastante poco con respecto a muchos de sus colegas”.

Sobre estos temas, incluyendo los cuatro meses sin convenio, “quien tiene la decisión es el Poder Ejecutivo: es el Ministerio de Salud Pública, es el Ministerio de Trabajo y es el Ministerio de Economía”, apuntó Bermúdez. Y ante el hecho de que el gobierno “da la espalda” a los trabajadores, estos pararán el viernes de 8 a 15 y se lo dirán al costado de la Torre Ejecutiva.