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En esta administración se pararon las máquinas, afirmó el arquitecto Salvador Schelotto

Arq. Salvador Schelotto
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El 19 de marzo se publicaba una nota aludiendo a la investigación administrativa sobre las adjudicaciones directas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) que dejarían en claro que la ex ministra Irene Moreira habría actuado en forma irregular en la adjudicación de viviendas.

El documento de más de 20 mil páginas, al que accedió El Observador a través de un pedido de acceso a la información pública, dejó en evidencia aspectos no revelados por el actual titular de la cartera, Raúl Lozano.

 

La instructora de la investigación Daiana Da Silva, y la directora de Jurídica, Marcia Senattore, entienden que, tanto las adjudicaciones directas como el mecanismo de “planillas puertas abiertas”, fue a todas luces violatorio del principio de igualdad, buena fe, transparencia, habiéndose actuado con arbitrariedad, no siendo esta la conducta esperada de una buena administración”.

Senattore agregó que hubo un “grave apartamiento de las normas aplicables”, “privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros en la misma situación”, con “abuso y exceso de poder”.

En el programa Nada que Perder de M24, el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Irtibarne, aseguró que hay elementos que ameritan el pase a la justicia” de todo lo actuado por Irene Moreira y que el actual ministro debería haber trasladado el tema a la JUTEP.

Lozano declaró que los gobiernos del FA desde 2009 también habían reservado cupos en 74 ocasiones. Sin embargo la instructora dijo que si bien se reservaron cupos, en ese período “no se realizaron adjudicaciones directas por fuera de los requisitos”.

Estos aspectos fueron abordados en INFO24 POR EL Arq. Salvador Schelotto que puso el énfasis en tres aspectos que ocurrieron durante esta administración de gobierno y que impactaron directamente en la política de Vivienda. En primer lugar citó un decreto del 2020 emitido por el Poder Ejecutivo abatiendo un 15% los gastos del Estado. Agregó un segundo aspecto referido a la desconfianza y la falta de continuidad del sistema público de viviendas. Y en tercer lugar se refirió a la inexperiencia en la gestión.