De acuerdo al integrante del Observatorio Luz Ibarburu, la fiscalía no ha respondido al pedido presentado en junio de 2024 y, tras una consulta unos meses después, la respuesta fue que “la carpeta estaba a estudio”.
Ciudadanos y representantes de organizaciones sociales, así como eventuales víctimas de actividades ilegales de inteligencia por parte del Estado tras el fin de la dictadura, exigen desde hace un año la reapertura de la causa archivada el 20 de julio de 2022.
El fiscal Enrique Rodríguez dispuso el archivo de la causa por prescripción de los delitos descritos en los archivos militares, aunque concluyó que existió espionaje ilegal y una “debilidad de los controles institucionales y democráticos”.
En diálogo con Info24, Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu, explicó que el pedido de reapertura no se presentó en nombre de organizaciones sino como un conjunto de ciudadanos y explicó que los archivos hallados en 2006 por la ministra de Defensa de ese entonces, Azucena Berruti, habían sido declarados reservados por 15 años por el Archivo General de la Nación.
Tras presentar un recurso administrativo, se anuló esa resolución y los archivos quedaron liberados. “El fiscal Rodríguez cuenta que esos archivos fueron encontrados en el 2006, que tienen información hasta el 2005, por lo tanto el plazo de la prescripción que él contó de 10 años lo empieza a contar en el 2005”, dijo Olivera y agregó: “Lo que le demostramos en el escrito que hemos presentado ante Fiscalía, que no es a partir del 2005 que hay que contar la prescripción”.
De acuerdo a Olivera, la fiscalía no ha respondido al pedido presentado en junio de 2024 y, tras una consulta unos meses después, la respuesta fue que “la carpeta estaba a estudio”.
“Me consta que faltan fiscales, falta personal, faltan técnicos. Todo eso puede justificar una demora -no sé si de un año-, pero yo no me puedo hacer cómplice. Nosotros no podemos hacernos cómplices de la situación. Porque justicia que tarda no es justicia”, afirmó Olivera.
A su vez, sostuvo que el espionaje ilegal genera temor y sensación de inseguridad, al tiempo que recordó que la comisión investigadora parlamentaria llegó a conclusiones por unanimidad y que el sistema político, si bien en su momento acompañó, luego no continuó el proceso.
Además, el entrevistado consideró que deberían “tener una respuesta pronta” y que el sistema político “debería preocuparse porque este tema se avance, se laude” para tranquilidad del ciudadano.
Sobre las víctimas de este espionaje en dictadura, Olivera dijo que se trataba de personas consideradas “enemigo interno” por pensar distinto, ser de izquierda, comunistas, socialistas o sindicalistas.
Relató una situación ocurrida en 2011 cuando un grupo de ex presos menores de edad en dictadura fue a denunciar torturas en el departamento de Treinta y Tres. “Cuando llegamos al juzgado, en la vereda de enfrente, había una persona con una máquina de fotos que nos estaba sacando fotos a todos los que estábamos ahí”, contó.
Ante su consulta, le respondieron: “Ese es uno del S2 [los organismos que hacen la vigilancia en los cuarteles y el espionaje en democracia]” Según Olivera, el Ministerio de Defensa explicó en ese que esa persona “estaba en su día de descanso y lo hizo por motu proprio”.
Para Olivera, el hecho de que desde el Estado se vigile a las personas y que recolecte información suya, genera “inseguridad frente al poder del Estado”.