“Como condición para ejercer un derecho como la educación, se pide dejar esos datos sensibles que no se pueden ocultar ni cambiar”, enfatizó Fossati.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comenzará a aplicar a partir del próximo lunes un plan piloto en el liceo José Luis Invernizzi, en Piriápolis, para controlar la asistencia de alumnos mediante reconocimiento facial. La intención es encontrar una forma ágil y segura de registrar quién va a clase, para que las autoridades cuenten con información precisa y en tiempo real.
El presidente del organismo educativo, Pablo Caggiani, aseguró que “en principio” lo que están haciendo es “una prueba que cuida a los gurises y sus datos”, y en la medida que vean si funciona o no funciona, “la Administración verá si lo implementa o no”.
Mariana Fossati y Patricia Díaz, investigadoras del Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), manifestaron sus preocupaciones en Nada que Perder con respecto al plan de ANEP, específicamente sobre la protección de los datos de los alumnos.
Fossati explicó que el reconocimiento facial es una tecnología que tiene problemas y que es controversial en muchos aspectos, principalmente en lo relacionado con la privacidad y la seguridad de los datos. “Ninguna empresa de datos va a decir que su infraestructura y medidas no son suficientes o inseguras, pero lo que ocurre es que cada persona que es identificada individualmente, deja de tener control efectivo sobre sus datos biométricos”, agregó.
“Como condición para ejercer un derecho como la educación, se pide dejar esos datos sensibles que no se pueden ocultar ni cambiar”, enfatizó Fossati. “El reconocimiento facial en liceos puede afectar la privacidad y las libertades”, apuntó la investigadora y subrayó que la propuesta se presenta como una solución “precisa”, pero advirtió que hay una “larga historia” documentada, que recogen tasas de falsos negativos y positivos.
“Es una tecnología que presenta sesgos y errores, principalmente con personas que no son blancas de piel o mujeres, porque los algoritmos que realizan el reconocimiento facial están basados en un entrenamiento que se hace con millones de datos”, concluyó Fossati.
En cuanto a la información que se guarda y los riesgos que existen, Díaz aclaró que los datos biométricos no son las fotos de las personas, sino que son datos más precisos de sus rasgos faciales. “Son datos sensibles y ANEP debe cumplir un montón de requisitos para proteger el derecho a la privacidad. Naturalizar el uso de una herramienta de vigilancia masiva para algo tan simple como pasar lista, tiene un problema de proporcionalidad enorme”, recalcó.
Según dijo Díaz, existen mecanismos de análisis de equilibrio de derechos, que contemplan entre el derecho del Estado a mejorar la calidad de la educación y el derecho de las personas a resguardar su privacidad.
En este caso, Díaz dijo que utilizar el reconocimiento facial para controlar la asistencia “es como utilizar una bazuca para matar a un mosquito”. “¿No existen alternativas menos invasivas para hacer exactamente lo mismo? Tal vez haya que mejorar el mecanismo de la libreta electrónica [con las que se controla la asistencia] para que brinde datos en tiempo real”, complementó.
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