El Plan Nacional de Inteligencia del 2022, de 14 páginas y 2 anexos, ofrece orientaciones a la Policía, Relaciones Exteriores, Defensa, Aduanas, Junta Nacional de Drogas (JND), entre otros organismos estatales.
El documento al que accedió y divulgó el director periodístico de MVD Noticias de TV Ciudad, Eduardo Preve, es el Plan Nacional de Inteligencia 2022, de 14 páginas y dos anexos, uno referido al Plan de Recolección y otro sobre el Plan de Contrainteligencia.
➡️DOCUMENTO. El Plan Nacional de Inteligencia 2022 consta de 14 páginas y dos anexos: Plan de Recolección y Plan de Contrainteligencia. Allí encarga la producción de inteligencia y brinda orientaciones a la Policía, RREE, Defensa, Aduanas, SENACLAFT, BCU, MIEM, JND y AGESIC. pic.twitter.com/Xn43vvXudr
— Eduardo Preve (@EPreve) November 2, 2022
En este texto se encarga la producción de inteligencia y brinda orientaciones a la Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa, Aduanas, Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), Banco Central del Uruguay (BCU), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (Miem) la Junta Nacional de Drogas (JND) y AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento).
Dicho plan permite que las distintas agencias de seguridad recolecten información de personas, organizaciones, objetivos, acciones o documentos relevantes, según publica en su cuenta de Twitter el periodista.
El plan de Inteligencia encarga la “recolección de información sobre actividades precursoras de acciones terroristas” a la Policía, la Cancillería, Defensa y Aduanas, mientras que la SENACLAFT y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU, deben aportar datos sobre posible financiamiento del terrorismo.
Asimismo, en el texto se menciona que Cancillería deberá aportar información sobre “hechos o disposiciones significativas” en el ámbito de la CARP (Río de la Plata) y la CARU (Río Uruguay) y a su vez recolectar información sobre “ciudadanos o residentes en el país en relación con el narcotráfico, tráfico de armas o personas, crimen organizado y actividades terroristas”.
Además, Inteligencia quiere conocer el número de pistas de aterrizaje no declaradas, la situación de la seguridad aeroportuaria y el sobrevuelo irregular de aeronaves en Uruguay, tarea encomendada a la Dirección de Inteligencia Estratégica de Defensa.
La Dirección de Investigaciones de la Policía deberá aportar información a la Secretaría de Inteligencia sobre la “presencia (en Uruguay) de personas respecto de quienes existan indicios de estar vinculados con grupos u organizaciones terroristas”.
En tanto, Defensa también deberá informar a la Secretaría de Inteligencia sobre las “fuerzas militares de países vecinos”, sus actividades en la frontera, sobrevuelo de sus aeronaves y navegación de buques en la zona fronteriza.
También se deberá investigar la “presencia de extranjeros sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas” y realizar “análisis de posibles objetivos de actos terroristas”.
Respecto a la ciberseguridad, hay dos agencias que trabajarán sobre este tema. La Inteligencia militar deberá recolectar información sobre incidentes en ciberdefensa y ejercicios virtuales ante ciberataques. Por su parte, AGESIC deberá realizar informes estadísticos sobre incidentes y efectividad de sus medidas.
Hay un capítulo que refiere a la seguridad nuclear. Para saber dónde se emplea material radiológico, su inventario, condiciones de seguridad y planes de contingencia, se encargó al Comité Nacional de Seguridad Nuclear del MIEM.
El plan encarga la tarea a los distintos organismos de hacer contrainteligencia para la “detección de actividades de agentes de otros Estados u organizaciones internacionales que representen una amenaza a la defensa nacional”.
En democracia
Alvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, instruyó a la Policía a investigar a posibles organizaciones, gremios o personas violentas en el país, o que generen usurpación del uso de espacios públicos o privados, bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios.
Este mandato está incluido en el nuevo plan de inteligencia estratégica al que tuvo acceso MVD Noticias.
La secretaría de Inteligencia realizó luego la denuncia ante Fiscalía por la revelación del documento considerado reservado.
A las horas, Garcé envió una carta al Senado donde califica como una “acción antijurídica con fuerte apariencia delictiva” la información difundida el 27 de octubre por MVD Noticias de TV Ciudad, respecto al Plan Nacional de Inteligencia del 2022, que cuatro días antes se había presentado en una Comisión del Senado.
En este sentido, el jerarca pide que el hecho se investigue para determinar las responsabilidades, con el objeto de “restablecer el principio de buena fe y el respeto institucional y personal que debe primar entre las partes interesadas”.
Lo divulgado aquel día por el medio público aseguraba que dicha secretaría había pedido a Defensa analizar “indicios de acciones terroristas” y “posibles objetivos” como centros religiosos o multinacionales.
Este martes se conoció que el lunes el presidente de la comisión que recibió la carta, el senador de Cabildo Abierto (CA), Raúl Lozano, solicitó a la Presidencia de la Cámara Alta la realización de una investigación parlamentaria por la información difundida.
El legislador pidió remitir el caso de filtración al departamento jurídico del Poder Legislativo.
La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, publicó este miércoles en la red social que “Uruguay es hoy más que nunca un objetivo a controlar por la “izquierda” populista y radical. Hay operadores para este objetivo y en especial ALGUNOS PERIODISTAS como @EPreve La publicación de documentos de inteligencia configura un delito grave. La libertad de prensa NO lo ampara”.
Uruguay es hoy más que nunca un objetivo a controlar por la “izquierda” populista y radical.Hay operadores para este objetivo y en especial ALGUNOS PERIODISTAS como @EPreve La publicación de documentos de inteligencia configura un delito grave. La libertad de prensa NO lo ampara.
— Graciela Bianchi (@gbianchi404) November 2, 2022
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