El negocio de estafar a familias de inmigrantes pobres en Uruguay: “te vendo un cuarto y en diez días te mando a la Policía para que te desaloje”
06/03/2020
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Entrevistado en InterCambio el antropólogo Leonardo Fossatti, denunció el modus operandi de personas y grupos delictivos que estafan a familias de inmigrantes pobres mediante la venta fraudulenta de habitaciones en construcciones abandonadas y pensiones que no son suyas, y que después denuncian por ocupación ilegal a los propios estafados, quienes luego son desalojados por orden de la Fiscalía y no pocas veces acusados penalmente.

Fossatti verificó las indignas condiciones para la habitabilidad de “un edificio casi abandonado y destruido, sin baños” ni infraestructura mínima del que hace apenas horas fue desalojado un grupo de 27 personas, incluyendo a 3 menores y bebés, que fueron estafadas tras pagar un monto por hospedaje correspondiente a esa construcción, ubicada en Soriano 788.

Se trata de un ´lanzamiento por usurpación´ ordenado por el sistema de justicia a la Policía como resultado de una denuncia contra los estafados. “A la gente le vendieron el cuarto de pensión” días atrás y este miércoles 4 les notificaron que hoy, viernes 6 de marzo, deben abandonar la finca bajo apercibimiento de que si no lo hacen, serán llamados a declarar y esto supondrá la formalización del caso con la apertura de un proceso legal.

Fossatti denunció “el abuso” que semejantes maniobras de fraude implican, como el hecho de “aprovecharse de una situación” en la que “las personas” damnificadas, casi siempre inmigrantes, carecen de recursos como dinero, contactos y garantías para alquilar un apartamento u otro tipo de unidad.

“Terminan siendo rehenes y víctimas de una especie de negocio” fraudulento y mafioso en función del cual “te vendo un cuarto y en diez días te mando a la Policía para que te desaloje”, describió el entrevistado, quien informó que “esta semana hubo otro desalojo”, en Ciudad Vieja, sobre “la calle Rincón y el proceso fue el mismo”, contra inmigrantes.

En estas estafas que se perpetran con impunidad casi total por personas que luego no son perseguidas ni sancionadas por un omiso sistema de justicia, naturalmente “no hay comprobante de pago o arrendamiento” porque el delito se comete en flagrante abuso de la buena fe y credulidad de los estafados. Además, “el propietario” de la finca “no tiene ninguna sanción”.

El antropólogo explicó que con el objetivo de paliar las aún más dramáticas situaciones de vida en que quedan las personas estafadas en estos casos, “existe una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos del año pasado” en virtud de la cual se apela “a la Fiscalía” a que adopte recaudos porque “la gente no puede quedar en situación de calle”. Eso, sin embargo, parece no cumplirse “y ahora” esas personas, casi siempre inmigrantes, quedarán además a merced de la aplicación en su contra “de la Ley de Faltas”, como quienes ya están en situación de calle.

También recordó que las personas desalojadas padecen todo tipo de “violencia estatal e institucional” desde el momento en que son citadas a declarar. Y cuando la Policía procede a efectuar el desalojo, lo hace explicando que cumple orden de la Fiscalía. “Es muy despiadado”.

Asimismo, en los casos en que posteriormente a la estafa y a la denuncia las personas tienen la suerte de no ser objeto de imputaciones legales, deberán seguir deambulando por edificios con cuartos de alquiler “y es muy difícil que las pensiones acepten a personas con menores a cargo”.