“Uruguay fue retrocediendo, primero a pasos pequeñitos, pero al final dio un salto enorme hacia atrás con la aprobación de la ley de medios porque incluye una serie de regresiones bastante grandes”, apuntó el periodista Fabián Werner.
En medio de crecientes alertas sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, el presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Fabián Werner, fue entrevistado en La Rosca para analizar los últimos acontecimientos que han encendido las alarmas en el ámbito periodístico.
Uno de los casos recientes que generó preocupación fue el del empresario Francisco de Posadas, propietario del grupo Magnolio, quien solicitó la baja de una noticia publicada en varios portales tras el incendio de su camioneta. .
El presidente de Cainfo señaló que se trata de una situación inusual debido a que el protagonista es un empresario de medios, que es propietario de un grupo “muy grande de medios que ha ido creciendo con el paso del tiempo” y que “tiene intereses en otras áreas de la economía”. Según Werner, esto complejiza el escenario, ya que combina poder mediático con influencia económica.
En tal sentido, indicó que, lo que suele ocurrir es que la gente que presiona medios “trata de que no se publique algo, es decir, lo hace antes de la publicación” o, después que se produce, “trata de que se publique su versión”, pero en este caso la presión se ejerció para que se borre algo que ya estaba publicado.
El periodista explicó que este tipo de presiones afecta directamente el trabajo periodístico dentro del propio ecosistema mediático, ya que “mueve un poco el piso de muchos colegas periodistas que trabajan en esos medios” en los que la presión hizo efecto. Además, añadió que el poder económico detrás del empresario en cuestión influye en la capacidad de presionar: “esta persona tiene financieras, vende productos de limpieza, tiene inversiones agropecuarias”, enumeró.
La presión comercial también juega un papel relevante y, en esta línea, Werner recordó que han existido “empresarios que amenazaban con retirar la publicidad en un determinado medio cuando se publicaba algo que no le gustaba”.
Respecto al rol del Estado, Werner apuntó al contexto normativo de los últimos años: “venimos de cinco años en los cuales las empresas privadas de comunicación avanzaron, sobre todo algunas, progresaron mucho, recibieron mucho dinero del Estado”, y agregó “el premio” al final del período fue “la aprobación de una nueva ley de medios, que fue absolutamente regresiva en materia de libertad de expresión y de derecho a la comunicación”.
Esta ley es, según Werner, una de las razones por las que Uruguay descendió ocho posiciones en el ranking de Reporteros sin Fronteras. “Uruguay fue retrocediendo, primero a pasos pequeñitos, pero al final dio un salto enorme hacia atrás con la aprobación de la ley de medios porque incluye una serie de regresiones bastante grandes”, apuntó el periodista.
Entre ellas, mencionó la legalización de la concentración mediática y denunció que ahora “el paquete accionario de los medios de comunicación pueda ser enteramente o mayoritariamente de capital extranjeros, antes no se podía”. También lamentó la eliminación de mecanismos de participación ciudadana, y retrocesos en la instrumentación de algunas medidas positivas en materia de derechos para la niñez y la adolescencia, para las poblaciones vulnerables, para mujeres, entre otras.
“Se había aprobado un decreto reglamentario en febrero, casi al final del periodo y, afortunadamente, este gobierno lo derogó y está proponiendo otro que no conocemos”, manifestó Werner y añadió que este desconocimiento “no está bueno”, ya que les “hubiera gustado, como sociedad civil, poder aportar a ese decreto”. “Esperemos que no sea tan malo como el anterior y que de ahora en adelante podamos conversar un poco más sobre estos temas”, expresó.
El periodista declaró que “el Estado es el principal agresor de la libertad de expresión” con el 49 % de los casos, según datos que recogió el último informe de Cainfo. En esta línea, mencionó el rechazo de los pedidos de acceso a la información pública, las amenazas de legisladores a periodistas, los insultos en redes sociales o que no se permitan hacer preguntas en una conferencia de prensa. También señaló la decisión de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, de no publicar en la página web de Fiscalía las formalizaciones en los casos de corrupción. “Es tremendo para no solo para la libertad de expresión, [sino] toda la población que quiere, en vez de leerlo en un en un portal o verlo por a través de televisión, quiere entrar a la página de la fiscalía y leer qué es lo que pide el fiscal”, sostuvo Werner.
Sobre las presiones en el interior del país, Werner aseguró que “existen muchos más de los que conocemos, sobre todo y principalmente en los medios del interior”. Destacó que algunos periodistas han pedido que no se haga pública la denuncia para evitar represalias y que, en algunas ocasiones, le piden a Cainfo que no se incluya su caso en el monitoreo anual o que no lo condenen públicamente.
Inicio