No se proporcionaron los recursos necesarios y organismos clave como la DGI o el Banco Central no apoyaron como debían la lucha contra el lavado de activos. “Eso es falta de interés político, tenían otras prioridades”, señaló el asesor de Senaclaft.
El asesor de la Secretaría antilavado, Daniel Espinosa, aseguró que en el gobierno anterior hubo “falta de interés” por la lucha contra el lavado de activos, no se proporcionaron recursos humanos y económicos para funcionar, e instituciones clave, como la DGI o el Banco Central, no brindaron apoyo suficiente.
Este viernes Espinosa visitó el estudio de Nada que perder para conversar sobre la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2025-2030, presentada ayer por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), de la que es asesor.
En primer término, Espinosa recordó que esta estrategia es el resultado de la Evaluación Nacional de Riesgos presentada en 2023, elaborada por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca. Según explicó, esa evaluación derivó en una propuesta para adoptar medidas tendientes a combatir los riesgos detectados. Ese trabajo fue entregado en abril de 2024, precisó Espinosa, pero el gobierno pasado no llegó a aprobarlo.
“El Poder Ejecutivo anterior no le dio al tema lavado de activos la importancia que debería tener”, sostuvo. En esa dirección, recordó las modificaciones introducidas por la Ley de Urgente Consideración (LUC) que “flexibilizaron el control del lavado” y agregó que no se proporcionaron los recursos necesarios a “distintos organismos clave del sistema antilavado” para funcionar.
En ese marco, aseguró que instituciones estratégicas para el control, como la DGI o el Banco Central, no apoyaron como debían la lucha contra el lavado de activos. A su vez, entre 2020 y 2024 "los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero bajaron a la mitad", especificó. “Eso es falta de interés político, tenían otras prioridades, es clarísimo”, señaló.
En la entrevista, Espinosa detalló que el documento presentado por Montesdeoca en 2024, que tenía un “consenso del 90%”, fue tomado por las actuales autoridades y modificado en un 10%, para que sea aplicado por los diferentes organismos implicados.
Según explicó, entre sus “puntos clave” la estrategia aborda los recursos necesarios para funcionar, el fortalecimiento institucional, la cooperación o trabajo conjunto entre organismos, y la profundización del análisis de los riesgos sectoriales. En ese sentido,, mencionó el caso del sector inmobiliario o de las zonas franca como “sectores de riesgo” que es preciso conocer más en profundidad para “atacar el problema”.
"El Estado tiene un debe muy grande, le exigimos a los privados, pero desde el lado público hay que hacer mucho más”, sostuvo. Para el entrevistado, el éxito de esta estrategia tiene que verse reflejado en la detección de más casos de lavado de activos, más decomisos y condenas, lo que no ocurre actualmente.
“Tenemos miles de casos de personas procesadas por droga, pero no tenemos casos de lavado asociado a eso. Tenemos grandes casos de contrabando y no tenemos decomiso de bienes por lavado de activos. Estamos haciendo una parte del trabajo y la otra no”, añadió.
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