La futura directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, ofreció una entrevista en el programa Nada que Perder, donde abordó los desafíos estructurales y organizativos del sistema penitenciario uruguayo, marcados por un aumento sostenido de la población privada de libertad y la necesidad de reformas profundas.
Juanche señaló que el sistema penitenciario enfrenta una presión significativa debido al crecimiento de la población bajo su órbita, que incluye a cerca de 16.000 personas privadas de libertad y otras 10.000 en medidas alternativas a la prisión. "Estamos hablando de un universo de aproximadamente 26.000 o 27.000 personas que requieren supervisión y recursos", explicó, subrayando que este incremento ha generado un colapso estructural en la infraestructura penitenciaria y ha reducido las proporciones entre el personal y las personas supervisadas.
Consultada sobre los cambios que planea implementar, Juanche afirmó que habrá un "cambio sustantivo" en la concepción del INR. Este cambio estará alineado con el Libro Blanco desarrollado en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que establece nueve ejes estratégicos para una reforma integral del sistema penitenciario.
Entre los puntos destacados, Juanche subrayó la importancia de una migración futura hacia el Ministerio de Justicia, lo que implicará un cambio organizacional y de meta institucional. "Vamos a necesitar un plan estratégico para transitar hacia una nueva institucionalidad", afirmó, indicando que esto requerirá no solo ajustes operativos, sino también cambios legales significativos.
Un tema central que destacó fue la ausencia de una ley orgánica para el INR. "Hoy el Instituto Nacional de Rehabilitación no está organizado de manera legal, sino a base de actos administrativos. Esto significa que los lineamientos y acciones han dependido de cada administración, pero no están establecidos en una normativa estructurada", señaló.
La futura directora enfatizó la necesidad de avanzar en una legislación que no solo abarque los servicios del INR, sino que también integre y coordine las prestaciones de otras instituciones vinculadas al sistema penitenciario.
Resaltó que la transición será compleja, pero indispensable para mejorar las condiciones del sistema penitenciario. "El país ha invertido en nuevas plazas, pero hay unidades con décadas de uso que demandan recursos financieros significativos para mantener la calidad de sus instalaciones y servicios", comentó.
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