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El costo del Ministerio y la seguridad social de Defensa supera por amplio volumen a los presupuestos de Salud y Educación

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La Caja Bancaria paga jubilaciones por más de 500 millones de dólares al año, aporta al Estado 50 millones y recibe de éste solo 10 millones, aclaró en INFO24 el integrante de esa entidad Pablo Andrade, quien analizó otros desequilibrios del sistema de seguridad social en el marco del proceso de reforma que impulsa el gobierno, con cuyo enfoque discrepan la Caja y el Equipo de Representación de los Trabajadores en el directorio del BPS.

Andrade primero reseñó en grandes trazos la reforma de la Caja Bancaria de 2008 y describió particularidades de esta entidad. Recordó que “en la salida de la crisis que tenía la Caja en 2008, que además tenía todo el resabio de la crisis del 2002, en que se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo en el sistema”, se estableció “también una contribución del Estado” que “en este momento” es de “10 millones de dólares por año”. Partiendo de que “la Caja Bancaria presta jubilaciones por arriba de 500 millones de dólares al año, podemos primero dimensionar que esos 10 millones son un pequeñísimo aporte, o una pequeñísima contribución de parte del Estado”.

El origen de ese aporte estatal “surge”, también con la reforma de 2008, de “un complemento del IASS que es volcado por los jubilados afiliados a la Caja Bancaria, específicamente a la Caja Bancaria. Y como contrapartida, el Estado dispone también un monto equivalente, 10 millones de dólares, que viene del IASS que los jubilados bancarios pagan hacia la financiación del BPS. Es decir, los jubilados bancarios tienen una aportación específica del IASS que va a parar al BPS como parte de su financiación y otra parte del IASS que queda en Caja Bancaria. Y el Estado toma una parte del IASS que vuelcan a financiar la seguridad social en general, para apoyar a la Caja Bancaria. En este momento tenemos que los jubilados bancarios le aportan al sistema general de seguridad social 50 millones de dólares, y el Estado deja en Caja Bancaria 10 de esos 50. Es una transferencia de los propios jubilados bancarios hacia el propio instituto en el cual están recibiendo sus prestaciones. Eso además es un aporte que tiende a desaparecer, porque se aplica solamente para aquellos jubilados que se hayan jubilado antes de 2008, con lo cual, en los próximos años, producto de la evolución de la edad y del fallecimiento de los aportantes, ese monto va reduciéndose año a año hasta que termina siendo 0 (cero) en un periodo relativamente corto”.

Andrade contrastó este modelo de aportación y sustentación con “otros institutos en los cuales se financia íntegramente la prestación. Cuando se habla de la ́Caja Militar ́, a veces también se da una discusión implícita. ¿Estamos ante un organismo de seguridad social o ante un Ministerio de Defensa que tiene un presupuesto de funcionamiento más un presupuesto pos-funcionamiento cuando la gente se retira? Si sumáramos el costo que tiene para el Estado, el Ministerio de Defensa más el costo de la seguridad social de la Defensa, estamos hablando de un presupuesto que supera por amplio volumen los presupuestos de Salud y Educación. Es decir, estamos con una estructura de gasto en Defensa Nacional superior a la mayor parte de los países de América Latina e incluso como si estuviéramos en una guerra, como si la Defensa estuviera ocupando una posición de guerra”.

“Esto es una discusión que el gobierno todavía no ha dado. Se ha insistido en planteos en referencia a las cajas paraestatales que al Estado no le cuestan absolutamente nada, para eliminar supuestas disfunciones del sistema, pero no se aborda los déficits verdaderos, los que tendrían que ser el primer orden. Sacar 500 millones de dólares de la sociedad para dedicarlos a un colectivo de 30.000 personas, es evidentemente una cosa que debe ser revisada en forma urgente. Ese es un elemento verdadero”.

“Pero más allá de eso, nos preocupa mucho la falta de debate en la sociedad sobre los impactos de este proceso de reforma que se está planteando. Se está planteando revisar prestaciones a la vejez; las pensiones por viudez; las condiciones de acceso de las jubilaciones por discapacidad; elementos fundamentales que ayudan a equilibrar y proteger a sectores en situaciones más vulnerables; o que después de aportar toda la vida el trabajador le permite a su familia, más allá de su situación individual, asegurar una estabilidad económica en la vejez. Todo eso se está cuestionando, y se cuestiona con menos énfasis y sin hacerlo público y se dejan pasar otros aspectos como la ́Caja Militar ́ o los ingresos del sistema”, cuestionó.

“Se discute mucho sobre cuánto se gasta, cuánto se invierte, pero nadie discute cuál es la fuente de ingreso del sistema de seguridad social. Hoy por ejemplo tenemos que el sector agropecuario aporta sobre la hectárea Coneat, un valor ficto prácticamente, valor de mercado, regulado; pero su aportación no llega a cubrir ni el 10% de lo que se invierte en la seguridad social de los trabajadores rurales, a pesar de que los trabajadores rurales de por sí, son un colectivo que accede a jubilaciones absolutamente más bajas en su gran mayoría porque tienen problemas de aportación, salarios bajos durante muchos años de su vida. Sobre cómo equilibrar los ingresos del sector agropecuario, un sector absolutamente dinámico y de alta renta, cómo participa del financiamiento de la seguridad social, no se discute”.

“No se discute sobre los ingresos que tiene la seguridad social, por ejemplo, en diferenciar el tipo de empresa: no es lo mismo el costo que tiene la seguridad social para una pequeña empresa, un pequeño comercio, que para un supermercado de gran superficie; no es lo mismo el costo de contratar un solo individuo para un pequeño emprendimiento, es altamente oneroso. ¿Es equilibrado que la sociedad no asocie la capacidad del emprendimiento a la hora de contratar trabajo? ¿Habrá que pensar en desgravar el trabajo? ¿En dejar de aportar sobre la cantidad de puestos de trabajo y pasar a aportar sobre otras fuentes? Cuando se cuestiona que haya impuestos que van a financiar la seguridad social, como los puntos de IVA que financian la seguridad social, ¿es realmente injusto que el IVA financie la seguridad social? ¿No será una misión colectiva financiar la seguridad social y generar las mejores condiciones para que el trabajo esté liberado de tanta carga en materia de contribuciones y que se haga más fácil la contratación de trabajadores por parte de las pymes?”, interrogó Andrade.