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Ecuador: denuncian privatización encubierta del Banco Central a pedido del FMI
27/01/2021
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Reconocidos economistas nacionales e internacionales criticaron un anteproyecto de ley a través del cual se modificarían las autoridades y atribuciones de la entidad de regulación monetaria nacional. Sputnik consultó al analista ecuatoriano Andrés Chiriboga, integrante del Observatorio de la dolarización de ese país.

Ecuador se encamina a realizar una fuerte reforma que para expertos en la materia conlleva una privatización encubierta del Banco Central de ese país.

El presidente Lenín Moreno confirmó que el proyecto de su Ejecutivo pretende reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero. Para ello será enviado a la Asamblea Legislativa bajo el carácter de «urgente». Así, esta dispondrá de 30 días para su aprobación; de lo contrario, se tramitará por decreto.

La medida es producto de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del cual obtuvo una línea de crédito de 6.500 millones de dólares para atender la crisis derivada de la pandemia.

Según explicó a Sputnik Andrés Chirobiga, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de París, el proyecto «desplaza de sus atribuciones a la actual Junta de Regulación Monetaria».

Esta hace las veces de dirección y está integrada por los titulares de los ministerios de Estado responsables de la política económica, la producción y las finanzas públicas, por el titular de la planificación del Estado y un delegado del Presidente de la República.

Sin embargo, esta quedará relegada por una nueva dirección paralela, a la que se denominará Directorio y estará formada por personas recomendadas por el Ejecutivo a quienes el Poder Legislativo—por fuera de sus atribuciones constitucionales— deberá dar la venia.

Las nuevas autoridades, de acuerdo al también integrante del Observatorio de la Dolarización de Ecuador, provendrán de fuera de la administración pública y deberán contar con requisitos que limitan los candidatos a exbanqueros y administradores de fondos.

El cambio repercutirá en la población de varias maneras. Entre algunas de las modificaciones, Chiriboga identificó la imposibilidad que tendrá el Banco Central de invertir en el Estado.

«El Gobierno actual, a través de una reforma del año 2018, bloqueo la posibilidad de que se hagan inversiones directas desde el Banco Central en títulos del Ministerio de Economía y Finanzas. Este anteproyecto, de acuerdo con las directrices del FMI y en función de los intereses de la banca privada, lo que hace es impedir todo tipo de inversión en entidades del sector público», señaló.

De tal manera, la institución se verá imposibilitada de establecer garantías al sector público, de poner recursos en la banca estatal, así como en los gobiernos autónomos descentralizados.

«Esto afecta a las personas porque la banca pública tiene la capacidad de colocar créditos a tasas preferenciales para sectores vulnerables o entidades como las cooperativas de ahorro y crédito. La banca pública se nutrió mucho de la liquidez que le dio el Banco Central y esto será mermado por el proyecto de ley», añadió.

Las tasas de intereses y las comisiones de las entidades financieras también se verán modificadas, a criterio del experto.

«El interés de la banca privada, que estará directa o indirectamente representado en el nuevo Directorio, es elevar las tasas de interés y así mismo elevar las comisiones de servicios financieros como los pagos por tarjeta de crédito y débito, el uso de cajeros automáticos o las transferencias por internet, etc.», indicó.



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