“Hubo una posición del Ejecutivo anterior de favorecer algunos intereses empresariales y nosotros entendemos que los derechos de las personas están por encima de cualquier derecho que puedan tener las empresas”, expresó Pablo Siris.
El Poder Ejecutivo aprobó un nuevo decreto reglamentario de la ley de medios, en reemplazo del que había sido impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou en enero, poco antes de finalizar su mandato. Esta nueva normativa modifica 12 artículos de la reglamentación anterior, deroga siete y suma cuatro disposiciones nuevas. Esta actualización llega meses después de que la actual administración decidiera suspender la aplicación del decreto elaborado por el anterior Ejecutivo.
El director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris, explicó esta mañana en Nada que Perder que, en esa normativa aprobada por el Ejecutivo anterior, se identificaron una serie de “dificultades importantes”, que “extralimitaban” lo planteado en la Ley 20.383, más conocida como ley de medios.
Siris detalló que el actual gobierno derogó, entre otras cosas, la posibilidad que habilitaba la norma de regularizar transferencias realizadas sin el conocimiento del Ejecutivo. “Esas transferencias irregulares son, en realidad, incluso pasibles de revocación de la licencia”, agregó.
Por otro lado, el director nacional afirmó que el decreto que terminó por reglamentar la ley generó mayor opacidad en sí misma, referido a los procesos vinculados a los servicios de comunicación audiovisual. “Hubo una posición del Ejecutivo anterior de favorecer algunos intereses empresariales y nosotros entendemos que los derechos de las personas están por encima de cualquier libertad o cualquier derecho que puedan tener las empresas”, sentenció.
Por otra parte, el actual directorio de Antel anunció la revocación de una resolución que permitía a operadores privados el arrendamiento de la fibra óptica del ente. Se trata del artículo 45 de la ley 28.383, que habilita a los operadores de televisión para abonados, que operan mediante la modalidad de cable, prestar servicios de internet en la zona autorizada por su licencia.
Al respecto, Siris explicó que el ente derogó una tarifa “mayorista” que se le brindaba a los operadores de televisión para abonados, para utilizar la fibra y las capacidades de transmisión que tiene Antel. “Se trataba de condiciones mayoristas, muy favorables para los operadores privados y quizás no tanto para Antel”, agregó.
Asimismo, en el reciente decreto fue derogado el pago de 3,6 millones de dólares anuales a los tres canales privados del país, por el servicio de televisión vía streaming a través de la plataforma Vera TV. “Ese era un acuerdo muy malo porque, además, entre otras cosas, no permitía transmitir los contenidos del teléfono en un televisor y se podía ver solamente por el celular”, explicó Siri.
En cuanto a esto último, Siris contó que el pico máximo era de 5.000 conexiones y remarcó que se trataba de un servicio “caro”, por un monto “extraordinario”. “Era prácticamente un subsidio que se le daba a los canales de aire de Montevideo, que no correspondía y no otorgó ningún retorno”, concluyó.
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