Diputado Viviano: si las medidas promovidas en la LUC generan mayor nivel de reclusión y Uruguay no invierte más recursos, estamos fritos
16/06/2020
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Entrevistado en InterCambio el diputado del Partido Nacional (PN) Álvaro Viviano habló de los aspectos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) referidos a adopción de niños y al marco de actuación policial en las calles.

Viviano se refirió primero a los artículos 419 y 420 de la LUC y enfatizó en el 420, aludiendo a la “facultad especial” que allí “se le otorga al juez para prescindir del informe del INAU” a fin de facilitar algunas adopciones en forma “especialísima” en determinados casos, asunto que desarrolló.

Reconoció que “ahí hay varias visiones” con matices; explicó que en la Cámara “lo analizamos con mucho cuidado” y lo hicieron en interacción con las diversas partes involucradas; recordó que el texto exige “que esté establecida una relación lícita (…) entre los adoptantes y el adoptado”.

Después abordó el tema de la potestad policial de repeler agresiones que prevé la LUC y destacó que lo escrito allí “sigue siendo el marco general de la legítima defensa”, si bien admitió que “amplía un poco el espectro”; no obstante, “fija presupuestos muy claros de en qué condiciones puede darse el instituto” de esa legítima defensa, por ejemplo ante “la agresión ilegítima” o por “una necesidad racional (…) de impedir el daño” posible.

De todos modos, concedió, “la línea es muy delicada, muy fina”, tanto que “tuve mis dudas” al respecto, aunque “creo que no” le otorga la norma “un cheque en blanco” a la Policía, si bien ésta “tiene algunas prerrogativas” para actuar “con mayor amplitud” que la vigente; pero, de todo modos, “sigue estando la actuación policial supeditada a un marco muy estricto”.

Viviano señaló que más allá de las legítimas discusiones sobre esos aspectos y otros, la letra de la LUC responde una “opción política” del gobierno orientada hacia “la búsqueda (…) de mayores herramientas para contener el delito” frente a una situación de “cierta emergencia”; se trata de una orientación política “que ha promovido el gobierno” con ese objetivo.

Luego se refirió a la relación entre el fenómeno delictivo, la legalidad penal y el sistema penitenciario. Acerca de esto, reflexionó que “si las medidas promovidas” por el oficialismo generan un “mayor nivel de reclusión” y si ante esta eventualidad “Uruguay no invierte” más recursos, “estamos fritos” y las opciones serán “abrir las cárceles o hacer más cárceles”.

De ahí que “más allá de cárceles más, cárceles menos, Uruguay tiene que enfocarse mucho en trabajar en otros programas de fondo” para evitar que tantas personas asuman conductas delictivas y sigan llegando a las cárceles.