Fermín Farinha, diputado electo por el Partido Nacional y actual secretario general de la Intendencia de Paysandú, está bajo cuestionamiento por presuntamente percibir dos ingresos provenientes de fondos públicos, lo que está expresamente prohibido por la Ley N.º 11.923. La situación fue expuesta tras un pedido de acceso a la información pública realizado por Mario Díaz y Federico Álvarez Petraglia, quienes solicitaron detalles sobre los ingresos del jerarca y la posible omisión de declarar uno de ellos ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).
Farinha, además de su cargo en la Intendencia, integra el Gabinete de Asesores del Congreso de Intendentes, un puesto remunerado con un complemento mensual que, según información consignada por el medio local El Telégrafo, ascendía a $79.480 en marzo de 2022. Esta acumulación de ingresos contraviene el artículo 32 de la Ley N.º 11.923, que prohíbe explícitamente ocupar dos empleos públicos rentados o percibir más de una remuneración con cargo a fondos públicos.
En una carta dirigida al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, Díaz y Álvarez Petraglia plantearon nueve interrogantes relacionadas con los ingresos de Farinha, incluyendo el monto exacto de su salario como secretario general, detalles sobre el ingreso adicional del Congreso de Intendentes y si este último se encuentra debidamente declarado. También solicitaron copia de los recibos de sueldo del último año y aclaraciones sobre el régimen de dedicación del cargo de secretario general, que debería ser full-time.
La omisión de declarar ingresos adicionales ante la JUTEP constituye una falta grave, con posibles consecuencias legales y éticas. Este caso también pone en el centro de la discusión la transparencia en la gestión de los cargos públicos y la responsabilidad de los funcionarios electos.
El Gabinete de Asesores del Congreso de Intendentes, donde Farinha ocupa un puesto, fue creado para apoyar al Congreso en materias legales, económicas, técnicas y de ordenamiento territorial. Sin embargo, su formación y los complementos salariales asignados han generado controversias sobre su impacto en el cumplimiento de las normativas de acumulación de sueldos.
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