La diputada frenteamplista remitió un pedido de informes sobre la compra por 33 millones de dólares: “la ciudadanía merece saber cómo se utilizan sus recursos”. “Siguen saliendo cangrejos debajo de las piedras”, afirmó por su parte el senador Caggiani.
Este martes, la diputada del Frente Amplio (FA) Julieta Sierra remitió un pedido de informes sobre la compra directa de 5.300 cámaras de videovigilancia por parte del Ministerio del Interior en 2024, durante la gestión de Nicolás Martinelli. El documento tiene 10 preguntas, entre ellas, si esta adquisición afecta al presupuesto de la cartera para este año.
Se trata de la compra directa que informó Eduardo Preve este martes en su columna “La Tapadita”, por Nada que perder, en M24. Martinelli aprobó el arrendamiento de cámaras de videovigilancia el 26 de noviembre, dos días después del balotaje, con un costo de casi 33 millones de dólares.
La legisladora consultó por qué se utilizó el mecanismo de la compra directa, si existieron otros oferentes, cuáles fueron las cotizaciones presentadas por las empresas, quién importó las cámaras y a nombre de quién son arrendadas. También preguntó si esta compra “comprometió en la gestión anterior recursos y tecnologías que debían decidirse en esta administración”.
En su cuenta de X, el senador del FA Daniel Caggiani subrayó que “siguen saliendo cangrejos debajo de las piedras”, en referencia a compras de la administración pasada. Criticó la deuda por 33 millones de dólares que deja este arrendamiento por 60 meses a pagar por la administración actual y puntualizó que “una de las 2 empresas que trabajaba en exclusividad con el MI decidió impugnar la adjudicación por entender que se vio desfavorecida”.
Uno de los principales puntos de la investigación de Preve es la diferencia en el material presupuestado. Mientras SONDA envió un documento por las 2.600 cámaras solicitadas por la secretaría de Estado, impuestos de importación incluidos, DDBA remitió una cifra por 5.300 cámaras, sin impuestos. La licitación finalizó en 45 días. Para evitar la observación del Tribunal de Cuentas, el MI alegó que solamente DDBA podía suministrar estas cámaras, algo negado por los responsables actuales.
Quién retirará las cámaras, quién pagará los impuestos de importación y cuáles son los vínculos entre los oferentes y exjerarcas del MI forman parte de las principales “complejidades” de esta compra, advirtió Preve.
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