Hubo un cambio en la mirada del gobierno sobre la problemática del trabajo infantil, pero se necesita “que eso se traduzca en políticas públicas”, sostiene organización de sociedad civil.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo cumplen una actividad laboral más de 138 millones de niñas, niños y adolescentes. En Uruguay, el último censo de 2010 ubicó este dato entre los 65.000 y 90.000 menores. Sobre fines de junio se conocerán los datos actualizados para nuestro país, adelantó la periodista Alejandra Couto para su informe en Nada que perder, por M24, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
El inspector general de Trabajo, Luis Puig, explicó que no se pueden “evitar las consecuencias” del trabajo infantil si no se enfocan políticas en las causas que lo generan. En este marco, Puig sostuvo que el origen del problema está en “la pobreza y la desigualdad imperante en la sociedad” y añadió: “Hay personas influyentes que intentan convencernos permanentemente que el trabajo infantil forma parte de una cultura imprescindible del trabajo, en realidad priva de derechos”.
El psicólogo y vocero de la asociación civil Cippus, Fernando Olivera, recordó que un tercio de las niñas, niños y adolescentes (NNA) uruguayos reside en hogares con ingresos bajo la línea de la pobreza. Si el análisis se realiza en base a la definición de pobreza multidimensional, la cantidad de NNA afectados por esta situación es de 27 %.
Nicolás Perna representa al PIT-CNT en el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) y recordó que, tiempo atrás, era habitual escuchar que “a mucha honra empecé a trabajar a los 8 años”, pero indicó que hoy se sabe que “quienes trabajaron desde temprana edad, en su mayoría, son adultos precarizados o informales”, con lo cual quedó establecido que el trabajo infantil reproduce la desigualdad.
Para Olivera, en esta gestión “hubo un cambio importante con respecto a todos los gobiernos anteriores con la mirada sobre el trabajo infantil”, con “señales claras” como la creación de la Comisión Bicameral sobre protección de Infancias y Adolescencias, así como “avances en cuanto a la escucha y cómo son visualizadas” las situaciones en territorio, pero consideró que se necesita que “eso se traduzca en políticas públicas que tengan impacto real en la vida de NNA”, finalizó Olivera.
Sobre las acciones para abordar el vínculo entre los NNA con el crimen organizado, Olivera recalcó el trabajo coordinado entre varios actores públicos y privados, como el CETI, que emitió una declaración en la cual convocó a “priorizar esta causa en la agenda política, social y académica, para garantizar infancias plenas, protegidas y con oportunidades reales”.
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