Déficit fiscal y tarifas públicas: los centros de la política económica del nuevo Gobierno de Uruguay
03/03/2020
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El país sudamericano cambió de tinte político y es conducido desde el domingo 1 de marzo por el líder de la coalición de derechas, Luis Lacalle Pou. Sobre sus principales objetivos en materia económica Sputnik dialogó con el economista uruguayo Pablo Moya, socio de la consultora Oikos.

Luego de tres gobiernos consecutivos del partido de izquierda Frente Amplio, Uruguay estrenó autoridades y con ellas nuevas directivas. Según la flamante ministra de Economía, Azucena Arbeleche, las premisas que guiarán su gestión serán «la libertad, la justicia social y la eficiencia». A partir de ellas generarán «equilibrios macroeconómicos», que se traduzcan en mejoras en «el bienestar de la población».

De acuerdo al economista uruguayo Pablo Moya, «la filosofía política» de la administración entrante difiere de la anterior. «Los últimos 15 años fueron de gobiernos de una coalición de partidos de izquierda —aunque en los hechos gobernaron como uno único— con un componente de mucha presencia del Estado, en muchos ámbitos de la actividad económica. Esta nueva administración tiene una impronta de liberalismo económico. No de neoliberalismo, pero sí de liberalismo», apuntó.

Uruguay logró mantener el crecimiento a pesar de un contexto internacional que en los últimos tres años fue desfavorable en términos de comercio. Las recesiones en sus vecinos Argentina y Brasil también pusieron a prueba su resiliencia, y si bien logró salir airoso, acumuló un déficit fiscal importante. El Gobierno atenderá este punto de forma prioritaria, a través de la creación de una regla fiscal.

Según aclaró Moya, tal regla existe pero refiere únicamente al endeudamiento y no al gasto. Lo que hará el Ejecutivo será implementarla en ambas direcciones. «Para incrementar el tope del endeudamiento, tiene que pedirle autorización al Parlamento y no es discrecional», aclaró el socio de la consultora Oikos, quien también se refirió a la posibilidad de un recorte en el gasto social.

«Creo que el miedo en cuanto a la reducción del gasto social está latente debido, sobre todo, al avance que ha tenido en los últimos gobiernos con esta agenda de derechos en la que el gobierno del Frente Amplio se ha basado y avanzado. Pero no está planteada la reducción, si la eficiencia de ese gasto», agregó.

Por otra parte, el funcionamiento de las empresas públicas también será central y así lo demostró el Ejecutivo entrante con la Ley de Urgente Consideración (LUC), en que destacó cambios en su funcionamiento como parte del articulado. Este proyecto —que será sometido a votación por el nuevo Parlamento— incluye medidas en varios ámbitos, entre ellos el económico.

«La LUC es un trámite parlamentario muy atípico y dentro de ella se puedan resolver rápidamente grandes temas. Uno de ellos es el rol del Estado y de las empresas públicas en el ámbito económico. Esta busca la mayor eficiencia y una apertura de ellas al mundo o a los mercados. Una de las empresas estatales de mayor peso en la economía, es la productora de combustibles y en el documento se plantea la desmonopolización de esa actividad», explicó el analista.