Con un aumento sostenido de casos y sin recursos suficientes, los defensores públicos insisten en la necesidad de contar con autonomía y un servicio fuera del Poder Judicial para garantizar el derecho a la defensa.
La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) fue recibida la semana pasada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, con quien conversaron sobre la descentralización de la Defensoría Pública y el acceso a la justicia para la población más vulnerable.
En paralelo, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se discute un proyecto de ley que busca descentralizar la Defensoría Pública, que actualmente depende del Poder Judicial. Para profundizar en este tema, Marcos Pazos, defensor público e integrante de la directiva de ADEPU, explicó la situación en Nada que perder.
Pazos señaló que la realidad de los defensores públicos sigue siendo compleja. Explicó que, a pesar de atender alrededor de 200.000 consultas al año con solo 300 defensores, la cantidad de recursos humanos no ha aumentado, mientras que la demanda y la participación obligatoria en nuevas áreas se han incrementado. Según detalló, solo las causas que llegan a juicio son unas 120.000 al año.
El defensor destacó que, más allá de llevar causas a juicio, los defensores públicos cumplen un rol humano fundamental al atender a personas que buscan orientación sobre sus derechos o soluciones alternativas. “Atendemos a la población más vulnerable del país. Gente sin recursos, algunos casi analfabetos. Sorprendería la realidad de nuestro Uruguay, sobre todo en el interior”, contó.
En cuanto al proyecto de descentralización, Pazos subrayó la importancia de que la defensa pública cuente con autonomía para implementar políticas que garanticen el acceso a la justicia. Según explicó, hoy dependen administrativamente del Poder Judicial, cuya función principal es juzgar y no asegurar ese acceso.
“La defensa pública ahora es un derecho humano fundamental”, sostuvo y agregó que “Uruguay no tiene un órgano específico para el acceso a la justicia”. Al respecto, Pazos planteó que la defensoría pública debería ser un servicio descentralizado por fuera del Poder Judicial. “No sabemos bien la figura, no tenemos todavía un consenso en eso, estamos trabajando, pero creemos sí que es fuera del Poder Judicial”, remarcó.
El defensor público destacó que en otros países existen diferentes modelos de autonomía, y aunque no hay un esquema único, todos coinciden en la necesidad de separar la defensa pública del Poder Judicial para fortalecer su rol.
Respecto al apoyo político al proyecto, Pazos indicó que han mantenido reuniones con representantes de distintos partidos y que “en general hay un apoyo de todo el sistema político” porque “se entiende” la importancia de este tema. Además, recordó además que Uruguay debe presentar próximamente un informe internacional sobre el acceso a la justicia, y la situación actual de la defensa pública es uno de los puntos señalados como una debilidad.
La falta de recursos es otro de los principales problemas que enfrentan. Pazos explicó que actualmente se necesitan entre 100 y 150 defensores nuevos para cubrir la demanda. “Los últimos cargos que obtuvimos fueron 15, muy por debajo de lo que se necesita”, comentó.
El aumento de casos vinculados a violencia basada en género y la reforma del proceso penal han incrementado significativamente el volumen de trabajo, pero sin el respaldo presupuestal necesario.
Sobre la atención a niños, describió que en ocasiones deben esperar largas horas para una audiencia y luego cuentan con solo cinco minutos para ser escuchados. Destacó también la importancia de visitar a los niños en hogares para evitarles la exposición a situaciones traumáticas en los juzgados.
Pazos sostuvo que la solución a gran parte de estos problemas pasa por el presupuesto. “Es solamente presupuesto”, afirmó. Explicó que la Suprema Corte de Justicia ha incluido un incremento para la defensa pública en su último pedido presupuestal, aunque menor al solicitado por ADEPU.
Inicio