“Esta formalización es parcialmente positiva porque tiene el componente económico que es importante, porque lo que hace es engrosar la masa activa y aumenta las perspectivas de cobro, pero en lo personal no me fui del todo conforme”, sostuvo Juan Pablo Decia.
El jueves 17 de julio, la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, imputó a los socios de Conexión Ganadera Pablo Carrasco, por un delito de estafa y lavado de activos, mientras que a Ana Iewdiukow -esposa de Carrasco- y a Daniela Cabral -viuda de Gustavo Basso- por un delito continuado de estafa.
Como medida cautelar, a Carrasco se le impuso prisión preventiva por 180 días, hasta el 10 de febrero, y a Cabral y a Iewdiukow prisión domiciliaria con monitoreo a través de tobillera electrónica.
El abogado Juan Pablo Decia, que representa a un grupo de damnificados, dijo en Nada que Perder que el balance de los resultados de la audiencia es “parcialmente positivo”, porque se logró un “gran paso” con la formalización del caso, que implicó la imputación de los responsables de la empresa.
Decia subrayó que un componente importante de la audiencia fue el embargo que el fiscal pidió sobre bienes de los imputados y de personas que, sin ser imputadas, tienen bienes a su nombre. El abogado explicó que, sumados, estos ascienden a 16 millones de dólares.
“Esta formalización es parcialmente positiva porque tiene el componente económico que es importante, porque lo que hace es engrosar la masa activa y aumenta las perspectivas de cobro, pero en lo personal no me fui del todo conforme, porque entiendo que debieron imputarse otros delitos a los responsables de Conexión Ganadera que ya están probados en la carpeta investigativa”, agregó.
Por otro lado, dijo que estaban dados los elementos objetivos para formalizar y que se resolvió no imputar otros delitos, como el de asociación para delinquir, que “se desprende de la propia imputación que hace el fiscal”. “Había un fenómeno asociativo criminal y eso es lo que debió determinar la imputación por un delito de asociación para delinquir, que no se hizo y esperamos que se haga más adelante”, subrayó.
Sin embargo, dijo que no es “optimista” en cuanto a que se vaya a ampliar la imputación, porque “los elementos para hacerlo los tenía ahora y se resolvió no hacerlo”.
Por último, destacó que la información que maneja, que se confirmará cuando el síndico Alfredo Ciavattone presente el inventario, es que el pasivo de la empresa supera “ampliamente” los 300 millones de dólares, un monto que se aproxima a lo que se anunció en enero.
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